El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado la aprobación de esta nueva ley andaluza contra el Fraude Fiscal para “corregir desequilibrios”.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha trasladado hoy a los delegados del Gobierno de la Junta en las provincias su «presencia a pie de calle para que el Ejecutivo esté cerca de los problemas, para que puedan contactar con la gente y sirvan de interlocutores a una acción de Gobierno que está, rápidamente, puesta en marcha». Como ejemplo, de que esta «celeridad» ha señalado la aprobación en el Consejo de Gobierno del martes 24 de septiembre de la nueva Ley de Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, cuyo principal objetivo es «corregir desequilibrios».
Jiménez Barrios, que ha mantenido un primer encuentro con los máximos responsables del Gobierno andaluz en las provincias, ha señalado la importancia de estos representantes públicos ya que «son la voz del Gobierno en el territorio, una voz cualificada».
Por este motivo, ha destacado su papel «fundamental» en la ronda de conversaciones que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha iniciado con los alcaldes de las principales capitales de provincia «por el conocimiento que tienen sobre el terreno» y porque «serán ellos quienes realicen el seguimiento de lo que se acuerde en las reuniones».
Respecto a la Ley de Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, el consejero ha explicado que se trata de «establecer bien los requisitos de todo un catálogo de prestaciones públicas para que nadie pueda beneficiarse de algo que no le corresponde». Según ha señalado, los beneficios públicos lo que persiguen es «ayudar a la gente que tiene más necesidades» y «para que eso sea correcto, justo y equilibrado, tiene también que lucharse contra quienes puedan burlar ese procedimiento».
El consejero ha enmarcado esta norma en el «combate por la regeneración democrática» que tiene como objetivo la Junta y por eso ha defendido que ésta será una normativa «fuerte y potente». «De lo que se trata es de hacer llegar al que le corresponde el beneficio que le corresponde y acotar los posibles fraudes que puedan producirse», ha concluido.