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El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para hablar sobre el último auto de la juez Alaya.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Parlamento de Andalucía acompañado de los ex consejeros Ávila y Martínez Aguayo para hablar sobre el auto emitido por el Juzgado número 6 de Sevilla sobre el caso de los ERE.
Griñán ha declarado que tuvo conocimiento del auto “a través de la prensa” porque “no me fue notificado personalmente”. Además, califica el documento de “innecesario”, que jurídicamente “no daña a ninguno de los que nombra”, aunque “afecta negativamente de forma innecesaria” a la reputación de cada uno.
“Se nos ha acusado sin indicios, sin principios de pruebas y se nos ha colocado en una situación muy difícil y en una situación de indefensión basando tan solo su escrito en la existencia del artículo 118 bis de enjuiciamiento criminal», ha sentenciado.
El expresidente ha criticado que en el auto se utilice “la palabra imputados con reiteración sin imputar a nadie, lo que permite cualquier tipo de especulación”. Para Griñán, esto significa que Mercedes Alaya “ni imputa ni inculpa porque no encuentra razones” para hacerlo. Además, el socialista ha criticado que el auto no se le haya notificado personalmente ni a él ni al resto de los exconsejeros y que “casualmente haya llegado a manos del PP, que fue el que lo difundió” en el mismo momento en el que se celebraba la toma de posesión del nuevo Ejecutivo andaluz.
Riesgo de prevaricaión de la magistrada
El responsable socialista ha apuntado que “si hubiera indicios o principios de prueba para imputar y no hubiera elevado la causa, la juez habría incurrido en prevaricación, algo descartable y que nos lleva lógicamente a que no hay indicio alguno para pedir la imputación”.
Ha explicado que el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que se refiere el auto abre la vía a personas denunciadas o querelladas, “sin que en este caso haya denuncia o querella que narre qué delito se imputa para ejercer la defensa”. De hecho, ha considerado innecesario que la juez recuerde este precepto legal porque “no añade nada jurídicamente” y “no modifica la situación procesal” de los afectados, pero sí “ha provocado otros efectos en lo mediático y en lo político y daños personales innecesarios en nuestra reputación”.
En su opinión, resulta “sarcástico” que en el auto “se hable de reducir la presión mediática sobre los aforados y que se difunda sin notificación alguna el mismo día en que se constituye el nuevo Gobierno”. Ha calificado también de “chocante” que “se diga que las diligencias puedan producir un efecto multiplicador por la influencia negativa de los medios de comunicación sobre los aforados, porque no creo que los medios tengan ninguna influencia negativa si no se les conduce a confusión. Los efectos mediáticos no están en los medios de comunicación”.
“Siempre que se produce una decisión judicial nos apresuramos a declarar nuestro respeto por la Justicia y me sumo, pero añado que la división de poderes exige un delicado equilibrio que no implica la jerarquización ni sumisión de uno a otro, sino su equilibrio mediante imperio de la ley”, ha aseverado Griñán. Por eso, ha solicitado el mismo respeto para los poderes Ejecutivo y Legislativo, más cuando “de esta relación de mutuo respeto depende el funcionamiento de la democracia en un Estado Social y Democrático de Derecho”.