Manuel Gómez ha ratificado su declaración ante la juez que instuye el caso de los ERE y se muestra firme en que el presidente de la Junta no actuara tras recibir sus avisos sobre desvio de fondos en la partida 31 L.
El ex interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez ha asegurado en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, «los informes de auditoría no le importaban nada», según el acta de su declaración, recogida por varios medios de comunicación.
En la declaración, la juez Mercedes Alaya preguntó al imputado sobre «por qué cree que el Gobierno no prestó oídos a su auditoría» sobre las irregularidades detectadas en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE y el ex interventor contestó que dicha auditoría fue remitida a tres miembros del Gobierno andaluz y a la dirección de IFA/IDEA por lo que «se remitieron a estructuras con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y para decidir la adopción de las medidas oportunas».
Respecto a la aseveración del presidente de la Junta, expuesta por el abogado del encausado, de que «la Intervención nunca solicitó que se elevara el asunto a la consideración del Consejo de Gobierno», el ex interventor dijo que «la verdad es que no hay ningún supuesto en el ordenamiento jurídico de la Junta que la Intervención eleve ningún informe al Consejo de Gobierno».
Ante otras afirmaciones del presidente de la Junta, el imputado respondió, por ejemplo, que «la verdad es que la Intervención advirtió de que la debilidad de los controles a los que estaba sujeto el programa 31.L estaba provocando déficit presupuestarios en cifras muy abultadas y la concesión de subvenciones prescindiendo absolutamente de procedimiento, causas ambas de nulidad de pleno derecho de las operaciones que adolecieran de tales vicios». Añadió que «en el año 2005, 95 millones de euros fue el déficit ocasionado por Empleo en IFA», lo cual «había ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria» de Andalucía.
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