Tras recibir el informe del Consejo de Estado, el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el polémico decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.
La Abogacía del Estado ha presentado ya el anunciado recurso del Gobierno central al decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía. Según se ha podido saber hoy, el recurso ante el Tribunal Constitucional se ha presentado este lunes, después de que el Consejo de Estado así lo propusiese.
De esta forma, el TC estudiará este jueves su admisión a trámite que, de ser favorable, supondría de facto la paralización de la norma autonómica.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo central ha tendido la mano a la administración autonómica para negociar de manera “informal” este polémico decreto de la Junta de Andalucía. Propone para ello que se reúna en la comisión bilateral y “sustanciar” las diferencias sobre el decreto.
Cortés: “El Gobierno recurre porque el decreto funciona”
Nada más conocerse el recurso, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado que el Gobierno central ha recurrido el Decreto Ley «porque funciona y da poder a la gente, ha demostrado que tiene impacto social, que beneficia a las víctimas de la crisis y que llega donde ninguna otra norma de vivienda ha llegado antes».
«El Ejecutivo central pretende paralizar el Decreto Ley porque quiere evitar que la gente pueda ver a las claras que hay alternativas a los dictados de la troika y de la élite financiera, alternativas a la resignación institucional. Pero no nos rendiremos jamás», ha señalado Cortés, que se ha mostrado «absolutamente convencida» de que el Decreto Ley es «constitucional de la A a la Z», como prueba la jurisprudencia del Tribunal y los múltiples análisis de juristas y constitucionalistas emitidos desde su publicación.
«El problema es que con este recurso pueden forzar su paralización hasta la sentencia del Constitucional. ¿Qué pasa durante ese tiempo con las familias que necesitan hoy, ahora, la ayuda que ofrece esta norma?», se ha preguntado la consejera, que ha acusado al presidente del Gobierno de «abusar de una prerrogativa excepcional», la del recurso al Tribunal Constitucional, «utilizando como excusa a la Comisión Europea, cuando ésta jamás ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la medida, que está fuera de toda duda».
«El Decreto Ley no es sólo un ataque a la soberanía andaluza, sino a todas las familias a las que esta norma da poder, da recursos, nuevas oportunidades o incluso un respiro», ha señalado Cortés, que ha recordado las palabras de María del Carmen Andújar, una mujer de Huelva que vive con su marido y sus dos hijos de 17 y 15 años, y que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, tras conocer que gracias a este Decreto Ley podría seguir en su casa tres años más.
«María del Carmen quiso lanzar un mensaje a la gente que lo está pasando mal: ‘Que no se vengan abajo, que luchen, que sí se puede’. Nosotros hacemos nuestras palabras de María del Carmen», ha señalado la consejera.
Cortés ha afirmado que el Gobierno no recurre el Decreto Ley en defensa de la Constitución, ni de la propiedad privada, sino de una «élite financiera ante la que carece por completo de autonomía».
«El Gobierno tenía que elegir entre reforzar los ya mimados intereses de una pequeña élite o permitir la defensa de los derechos de la mayoría social trabajadora. Y ha decidido», ha señalado Cortés, que ha subrayado que el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda cumple tres meses en vigor el viernes 12 de julio. «En este tiempo el Decreto Ley ha demostrado que es posible hacer política del lado de las víctimas de la crisis», ha agregado la consejera.
Mientras tanto, la consejera de Fomento y Vivienda, acompañada por el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, ha mantenido en Bruselas una reunión con Peter Grasmann, jefe de la Unidad de Mercados Financieros e Infraestructuras de la Dirección General de Economía y Finanzas, y Taneli Lathi, consejero del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, para la Supervisión Económica y Financiera de España, para abordar el Decreto Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda.
Allí ha afirmado que el Decreto Ley responde a «una decisión soberana plenamente justificada por su alcance social en defensa de las víctimas de la crisis», que en Andalucía se traduce en «cifras demoledoras de desempleados», por encima del millón, y en más de 80.000 desahucios desde 2007.
Cortés ha subrayado que la norma «no desestabiliza al sistema financiero» en Andalucía ni en España. «Al contrario», ha precisado, «lo que ha hundido al sistema, forzando a su rescate con dinero público ha sido la especulación, sobre todo con la vivienda, el exceso de acumulación de riesgo crediticio y la morosidad», ha señalado.
En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías y se han producido desde 2007 más de 80.000 desahucios. En paralelo, el porcentaje de alquiler no alcanza ni el 17%, apenas la mitad que en Europa. Ante esta situación, ha explicado Cortés, el Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, aprobó el Decreto Ley, que entró en vigor el pasado 12 de abril.
Dicha norma crea la figura de la vivienda vacía para su inclusión en un registro de inmuebles deshabitados y la considera como tal a partir de los seis meses sin ocupación, regulándose también los mecanismos para su detección en función, entre otros indicadores, del consumo de agua y electricidad. El Decreto Ley establece sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas, fundamentalmente bancos e inmobiliarias, por cada vivienda vacía. También fija sanciones, que pueden llegar hasta los 120.000 euros, para las entidades financieras que den a sus viviendas protegidas un uso contrario al fin social para el que fueron construidas. Por otra parte, la norma recoge incentivos para personas físicas que tengan viviendas vacías con el fin de arrendarlas.
El Decreto Ley incluye además una disposición adicional que establece la potestad de la Administración andaluza de expropiar el uso de viviendas embargadas por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos en caso de que la familia que vaya a ser desahuciada se encuentre en riesgo de exclusión social. Desde su entrada en vigor el 12 de abril, la Consejería ha iniciado 12 expedientes de expropiación para evitar desahucios.