El abogado Carlos Leal asegura ante la juez Mercedes Alaya que el propio ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía se lo llegó a reconocer una mañana.
El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, recibió “presiones” por parte del ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para que “agilizara” pagos dentro de la trama de expedientes de regulación de empleo irregularidades tramitados por la Junta de Andalucía.
Así lo ha asegurado hoy ante la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, uno de los imputados en el caso de los ERE fraudulentos, Carlos Leal. El abogado de Estudios Jurídicos Villasís ha asegurado que esto ocurrió, al menos, con la asociación de Hijos de Andrés Molina.
Según ha explicado Leal, un representante de la asociación llegó a afirmar que hablaría con Gaspar Zarrías para “agilizar” los pagos de un ERE, y que, apenas un fin de semana después, Francisco Javier Guerrero reconoció las “presiones” ya que “todo el mundo lo llamaba a él”.
Cabe recordarse que otro de los imputados, Juan Francisco Trujillo, ya dijo en marzo de este mismo año que el ex consejero de la Presidencia llegó a hacer “gestiones” con Guerrero “para que le dieran ayudas” a una empresa de la provincia de Jaén.
El PP-A pide un Pleno extraordinario sobre los ERE
Por otro lado, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, ha criticado hoy que PSOE e IU rechacen la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento para que el gobierno asuma responsabilidades políticas por el caso ERE.
Se preguntó “qué miedo tienen a un pleno extraordinario para explicar la corrupción generalizada que se ha llevado por delante 1.200 millones de euros de todos los andaluces desde maniobras que se hacían en el seno del gobierno y fuera de la ley que había establecido el propio gobierno”.
Rojas insistió en que todo lo que vamos conociendo del caso apunta al gobierno y a los consejeros socialistas. Agregó que es el mayor fraude de la historia de nuestra democracia y “todo se hizo desde el gobierno, con su conocimiento y su responsabilidad”.
El portavoz popular señaló que el propio gobierno andaluz debería haber pedido su comparecencia después del último auto del juzgado, “con 20 imputados que estaban en la dirección política de los gobiernos socialistas”. Del mismo modo, manifestó el absoluto respeto del PP a la acción de la Justicia y aseguró que “la salida en tromba del PSOE contra resoluciones judiciales hacen un flaco favor al Estado de Derecho y dejan en mal lugar al propio PSOE”.