La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía estudiará si en 1999 y 2000 también se cometieron irregularidades.
En un nuevo auto, dictado esta mañana en Sevilla, la juez que instruye el caso de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía ha ampliado su investigación hasta 1999. Mercedes Alaya quiere saber si estas ayudas “están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado”.
Alaya sostiene que «implícitamente ya se ha ampliado el periodo de investigación inicialmente acotado” –a partir de julio de 2011-, “si bien mediante la presente resolución debe hacerse de forma expresa para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes».
Este nuevo auto de la juez de Sevilla estaría motivado en el “devenir de la instrucción” y de las “conclusiones” de los atestados de la Guardia Civil, más concretamente el que se refiere al funcionamiento de la Dirección General de Trabajo. De ahí se desprenden “nuevos datos” relacionados con “otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta y el IFA con anterioridad al periodo inicialmente investigado”.
Mereces Alaya cuestiona en este auto, que ya ha sido comunicado a las partes, el procedimiento seguido para otorgar las ayudas sociolaborales, pues plantea que la competencia estaría en el Gobierno central “de corresponder al ámbito laboral”.
«No deja de ser sintomático que, con respecto a la materia objeto de análisis, no exista, o al menos no se haya detectado, la reproducción del modelo seguido en Andalucía» en otras comunidades autónomas, sostiene en su escrito.
Así pues, pide a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre si las ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por ERE establecidas por la Junta «están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado».