La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, asegura que la ley de función social de la vivienda de la Junta genera «inseguridad jurídica y podría tener consecuencias negativas para la economía y la recuperación del mercado inmobiliario».
Carmen Crespo ha cargado este martes contra la Ley de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía y se ha hecho eco de “la preocupación” que denota la carta remitida por el Comisión Europea al Gobierno de España.
La delegada del Gobierno español en Andalucía ha avisado de “las posibles consecuencias” del decreto antidesahucios de la Junta porque, asegura, crea «inseguridad jurídica en este momento, podría hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobilidario español, provocar subidas de la prima de riesgo y reducir el interés de los inversores extranjeros en el mercado inmobiliario”.
La dirigente popular ha valorado la norma que el Gobierno de PSOE e IU sacó adelante en Andalucía, que contempla expropiaciones de uso de los inmuebles y sanciones a los propietarios de inmuebles vacíos, afirmando que la respuesta a los desahucios «no son las expropiaciones”.
Crespo ha alabado las políticas del ejecutivo de Mariano Rajoy que incluyen «un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora, creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas y, en última instancia, paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social».
Finalmente, la delegada ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que diga “qué piensa hacer” con la ley vigente en Andalucía «tras conocer las advertencias de Bruselas sobre los riesgos de su decreto para la economía española”, y se ha mostrado partidaria del consenso en torno a las medidas cotra los desahucios aprobadas por el Congreso de los Diputados, comunes para todos los españoles.