La jueza Mercedes Alaya ha enviado a prisión al dueño de la mediador Uniter por el caso de los ERE fraudulentos. Señala que González Mata actuó con la connivencia de sindicatos y cargos de la Junta.

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, considera que el dueño de Uniter, José González Mata -a quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros-, «sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta».

Así se refiere la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla en el auto de ingreso en prisión recogido por agencias y donde imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Según Alaya, existen «sólidos indicios» contra González Mata que participó de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos junto a los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández.

Para la jueza, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior. De su auto se desprende que Uniter realizó «pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara».

UGT-A: “No hay ninguna trama sindical para conseguir ERE”

El sindicato UGT en Andalucía ha salido al paso de las consideraciones de la juez Alaya asegurando que su papel “ha sido siempre” el de “exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible”.

En un comunicado, asegura que “nuestro papel no ha ido nunca más allá de la firma de protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones a empresas en crisis”.

“Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad corresponde a las Federaciones estatales que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con total autonomía en el ámbito de sus competencias”, asegura.

“UGT Andalucía no ha mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos públicos, conseguidores, etc., todos ellos presuntos predadores de dinero público, ningún tipo de relación en torno al investigado asunto de los ERE. Tampoco hemos mantenido ningún tipo de relación económica, un extremo radicalmente falso. Y nuestras cuentas están a disposición de la justicia si quieren verlas”, mantiene el sindicato.

“Somos los primeros interesados en que todo este asunto se resuelva. Nos hemos personado como acusación popular en cuanto surgieron las investigaciones y hemos ido por delante del juzgado en nuestras actuaciones internas cuando hemos detectado que alguien de la UGT había participado de forma irregular en el asunto de los ERE”, concluye.

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