El Parlamento borrará el rastro de las Juntas de Portavoces desde 1983
El Parlamento de Andalucía ha negado hoy que haya borrado, “ni ha tenido nunca intención de borrar o destruir” las grabaciones de las sesiones parlamentarias ni de la Junta de Portavoces.
En un comunicado, la Institución sale al paso de la denuncia realizada en los diarios del Grupo Joly en la que se recogía que la Cámara autonómica procedería en las próximas semanas a eliminar las grabaciones de las sesiones de Junta de Portavoces desde el año 1983.
De esta forma, aclara que el Parlamento “no ha borrado, ni ha tenido nunca intención de borrar o destruir, las grabaciones de ninguna sesión parlamentaria ni tampoco de las sesiones de la Junta de Portavoces”.
“Los Servicios Jurídicos no han ordenado, en ningún caso, que se retire ningún archivo de vídeo ni que se haga inaccesible”, asegura, al tiempo que recuerda que “las sesiones de Junta de Portavoces no son públicas, aunque los usos parlamentarios, fuente tradicional en nuestro ordenamiento, permiten en esta Cámara que estén presentes representantes de los medios de comunicación social. Y el Parlamento de Andalucía es el único de España donde dichas sesiones no son secretas”.
“No puede afirmarse, pues, que en esta Cámara exista falta de transparencia, concepto éste que debe determinarse, caso por caso, de acuerdo con el ordenamiento jurídico; en este caso el parlamentario. Y en un estado democrático, los servicios de la Cámara jamás pueden actuar de modo contrario a Derecho”, continúa el comunicado.
“En consecuencia, y ateniéndonos a las normas de nuestro Reglamento, las actas de las sesiones de Junta de Portavoces no tienen carácter público. Sirven sólo para constancia por sus asistentes de lo tratado, fundamentalmente por lo que se refiere al orden del día de las sesiones plenarias, que es su objeto específico”.
Además, sostiene que “las grabaciones de dichas sesiones constituyen tradicionalmente un instrumento de trabajo de los servicios de la Cámara, por lo que nunca han sido catalogables ni, por tanto, están a disposición pública. En ningún caso, se han grabado por error como se ha recogido en la información citada. Las sesiones se graban y se seguirán grabando, en tanto no se modifique la normativa de la Cámara. Estas grabaciones están sólo a disposición de los servicios de publicaciones oficiales de la Cámara y no al público en general. En caso de que la calificación de prestable aparecida en el catálogo general de la Biblioteca del Parlamento, accesible a través de la página web, indujera a error en este sentido, el Parlamento adoptará las medidas oportunas para rectificar esta situación”.
El Parlamento concluye recordando que, ante estos hechos, la Mesa de la Cámara ha encomendado un informe a los Servicios Jurídicos que establezca los criterios adecuados ante la cuestión planteada.