La cámara andaluza pretende destruir las grabaciones de las Juntas de Portavoces que constan desde 1983 al conocer que este material es público y accesible a la ciudadanía. Diario de Sevilla trató de acceder a la grabación de la sesión del 20 de marzo donde se acordó la subida de dietas de Presidencia y portavoces.
Cuando aún está caliente la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por PSOE e IU, del anteproyecto de Ley de Transparencia Andaluza (pendiente de iniciar la fase de alegaciones), el Parlamento vuelve a ser noticia por una decisión que cuestiona el acceso de la prensa y del conjunto de la ciudadanía a la información pública.
El controvertido acuerdo suscrito el pasado 20 de marzo por la Presidencia de la cámara y los portavoces de PP, PSOE e IU sigue siendo una incógnita después de que desde las diferentes fuerzas políticas se limitasen a marcar distancias de lo acordado, a reconocer el error en la coyuntura en que se llevó a cabo la medida, y a no facilitar una explicación de los pormenores que dieron lugar al acuerdo.
Desde la redacción del grupo Joly, que edita el periódico Diario de Sevilla, trataron de acceder a las actas e informes de la sesión en la que supuestamente se acordó el incremento de dietas, aludiendo al artículo 66 del Reglamento del Parlamento. Este artículo reconoce que «la Mesa de la Cámara adoptará las medidas adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Parlamento». Los letrados del Parlamento negaron el acceso a estas actas sin aludir a las circunstancias que motivan la negativa, según explica el diario este miércoles.
Sí tienen acceso a las actas de las sesiones de la Mesa del Parlamento o de la Junta de Portavoces los propios parlamentarios. No obstante, hasta el momento desde ninguna de las fuerzas políticas (PP, PSOE e IU) se ha presentado públicamente la prueba que aclararía la validación del incremento de dietas del pasado mes de marzo.
Grabaciones «por error» de las sesiones desde 1983
Ante la negativa a facilitar las actas para su consulta, en opinión de los letrados reservadas, la prensa ha tratado de tener acceso a las grabaciones de las sesiones de la Junta de Portavoces. Según informa eldiario.es este miércoles, el Parlamento de Andalucía mantiene grabaciones de estas sesiones desde marzo de 1983 y son accesibles a la consulta de la ciudadanía a través de una referencia bibliográfica en la propia web de la institución. Los servicios de documentación almacenan documentos en formato de audio y audiovisuales que recogen los debates de los diputados que participan de las Juntas de Portavoces.
El interés de los medios en acceder a las grabaciones de la sesión del pasado 20 de marzo ha motivado una decisión inédita: la destrucción de este material documental. El gabinete de prensa del Parlamento de Andalucía, según informa eldiario.es, ha informado que las grabación de estas sesiones son «un error», y han ordenado la destrucción de las grabaciones a la mayor brevedad.
La justificación a eliminar cualquier rastro accesible de las deliberaciones de los representantes de la ciudadanía en las sesiones del Parlamento de Andalucía se ha centrado en el interés suscitado desde algunos medios de comunicación en tener acceso a determinadas informaciones, ante la vaguedad con la que los portavoces de las fuerzas políticas (PP, PSOE, e IU) explicaron cómo se gestó el citado acuerdo en concreto. Según reconocieron desde la institución, no tenían constancia de que existiesen estos documentos, porque «nadie se había interesado antes» en ellos.
El Parlamento andaluz procederá, si no se llega a un acuerdo para impedirlo, a eliminar el rastro de las sesiones de la Junta de Portavoces desde el 16 de marzo de 1983 de manera que no estarán más accesibles a la prensa o al conjunto de la ciudadanía, y en adelante no serán grabadas como hasta ahora. La decisión se ha precipitado en los últimos días y contraviene al fondo que centra el discurso de «regeneración», «transparencia» o «participación ciudadana» que las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía dicen defender en sus apariciones públicas.
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