Sevilla Actulidad. Los datos ofrecidos durante la campaña 2008 por parte de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud ponen de manifiesto que se detectaron anomalías en un 44 por ciento de los casos referentes a los contratos con este tipo de establecimiento. El seguimiento a este sector se realiza de nuevo a través de inspecciones en más de 300 academias y centros privados de las ocho provincias andaluzas.
De esta manera la Junta pretende garantizar y regular con garantías la contratación que los consumidores hacen de los servicios de estas academias ya que suponen desembolsos de cantidades considerables, así como las expectativas que depositan en el proceso ya que en algunos casos se prometen salidas profesionales seguras o títulos homologados, mientras se proporciona, sin embargo, escasa información sobre el coste total del programa, la forma de pago o los materiales y servicios que se incluyen en el paquete.
El número de reclamaciones recibidas por los servicios de Consumo de la Junta contra academias privadas en Andalucía casi se ha duplicado en el primer semestre de 2009 en relación al mismo periodo del año pasado, pasándose de 80 a 153 quejas. La campaña comenzó en junio y se prolongará hasta noviembre.
Por provincias, la Administración autonómica tiene previsto inspeccionar un mínimo de 25 de estos establecimientos en Almería, 40 en Cádiz, 35 en Córdoba, 40 en Granada, 25 en Huelva, 35 en Jaén, 50 en Málaga y 50 en Sevilla.
Entre las materias más demandadas se encuentran los idiomas, la preparación de oposiciones, la informática, la formación recreativa y de ocio, el apoyo a la enseñanza reglada o la formación con vistas a un futuro empleo. Estos son los ámbitos de las ofertas de las academias y centros no reglados que están siendo sometidos a la inspección de la Consejería de Salud y Consumo.
Además, los inspectores de Consumo de la Junta priorizan los centros de formación de idiomas, sobre todo esos que emplean métodos audiovisuales y sistemas no presenciales, así como las academias que ofertan cursos de preparación de oposiciones. Igualmente, los centros que en su publicidad anuncian la homologación con instituciones oficiales están siendo inspeccionados de manera exhaustiva, con el fin de comprobar que dicha homologación es efectiva.
Del mismo modo, se presta especial atención en esta campaña a los centros privados de enseñanza en cuya publicidad se anuncia fácil acceso al mundo laboral, así como a los que hacen efectiva la contratación y facilitan la información fuera del establecimiento mercantil o a través de Internet.
Los inspectores se están encargando de verificar si la información a disposición de los ciudadanos antes de la contratación, en la que debe incluirse la denominación, duración, horario y contenidos del curso, al igual que el precio total del curso y la forma de pago respeta la normativa establecida ya que en 2008 no se especificaba por parte del 5 por ciento de las academias que fueron inspeccionadas.
Respecto a la decena de ofertas de concesión de créditos con el objetivo de financiar cursos que fue objeto de inspección en la campaña de 2008, el 60 por ciento de estas carecían de un documento previo a la celebración del contrato con todas las condiciones que conlleva dicho contrato.
Además, no se precisaba la Tasa Anual Equivalente (TAE), del mismo modo que en el 40 por ciento de los casos no se especificaba el coste total del curso, incluidos los intereses y todos los demás gastos y cargas que el consumidor esté obligado a pagar. Del mismo modo, tampoco se informa al cliente del límite de crédito, el tipo de interés aplicable y el procedimiento para la resolución del contrato.
En el caso de que se anuncie la homologación de un curso con alguna institución oficial se tendrá muy en cuenta que dicha homologación se anuncie para el curso en cuestión y no para todo el centro.
Sobre las contrataciones concertados vía Internet, las irregularidades más comunes consisten en que no constan los datos de inscripción en el Registro Mercantil, no se informa del archivo del contrato por parte del prestador, ni tampoco de los medios técnicos para identificar y corregir errores. Otra de las anomalías detectada es la falta de información sobre el derecho de desistimiento, o bien la imposición de limitaciones o penalizaciones en su ejercicio.
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud recomienda que previamente al momento de contratar los servicios de este tipo de centros el usuario recabe toda la información sobre el mismo, con especial atención en sus contenidos, material disponible y metodología seguida.
Igualmente, los usuarios deben saber la duración y programación del curso, así como los títulos o certificados que se expiden tras la finalización del mismo y una vez se hayan cumplido los objetivos. También es conveniente conocer la titulación o cualificación profesional del personal docente.
En relación al precio, los consumidores deben disponer de información sobre las modalidades de pago, el coste total del curso y los diferentes conceptos que lo forman, tales como matrícula, inscripción, gastos de material, gastos de envío, etc.
El consumidor deberá ser especialmente precavido en el caso de optar por financiar el curso a través de un crédito y tendrá derecho a solicitar una oferta vinculante con todas las condiciones de dicho préstamo.
Durante la campaña de inspección de la Junta de 2008 a las academias y centros privados de formación que expiden títulos no oficiales en Andalucía se controlaron un total de 218 establecimientos, en los que se efectuaron 243 actuaciones, en las que en 107 se detectaron irregularidades, el 44 por ciento. La sanción media para los establecimientos que incumplieron el año pasado fue de 1.044 euros, al tratarse en todos los casos de faltas de carácter leve.