Según el secretario de Comunicación de UGT Andalucía, José Ginel, «nos encontramos en una época del año en la que tradicionalmente se produce una disminución en las listas del paro, debido a las contrataciones realizadas en el sector servicios por el comienzo de la temporada alta del turismo».
Para el sindicato, la crisis ha provocado que en España, en general, y en Andalucía, en particular, la destrucción de puestos de trabajo haya sido «masiva», alcanzando los 713.000 desde inicio de la misma. La disminución de la tasa de cobertura pone de manifiesto, nuevamente, la situación de desamparo en la que se encuentran muchos parados andaluces. «Son casi 500.000 los hogares con todos sus miembros en paro», asegura Ginel.
Según el representante sindical, «esta situación obedece a un efecto estacional y el dato no oculta la dramática realidad social de nuestro país y, especialmente, de nuestra comunidad autónoma. Es imprescindible, entre otras cuestiones, revertir la reforma laboral y recuperar la negociación colectiva que equilibre las relaciones laborales».
«Además, el Gobierno persiste en su política de recortes sociales sobre los colectivos más desfavorecidos y el riesgo de exclusión social no para de incrementarse. El deterioro que está sufriendo nuestro país tiene a los parados de larga duración como una de sus principales víctimas. Este colectivo, que ha agotado prestaciones y subsidios en su mayoría, tienen cada vez menos recursos para llegar a fin de mes. Además, encontrar un empleo es mucho más difícil en su situación sumamente precaria», ha manifestado el responsable regional de Comunicación.
«Es evidente la necesidad de cambiar de inmediato la política económica y social, situando el crecimiento y la creación de empleo en el centro de la estrategia económica y que la salida de la crisis se produzca de manera equilibrada y con un reparto de esfuerzos más justo», señala.
Según José Ginel, «el cambio debe concretarse en reformas del sector financiero y el sistema tributario, en el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad y en políticas de refuerzo de los sistemas de protección social (pensiones y prestaciones sociales), entre otros».
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