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CCOO reabre una investigación interna sobre los ERE

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta ve que tanto José Antonio Viera como Antonio Fernández tienen responsabilidad política en el caso de los ERE falsos porque ambos estuvieron al frente de Empleo durante la época del presunto fraude.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, considera ahora que los dos ex consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, de la Junta de Andalucía, tienen responsabilidad política en el caso de los ERE falsos. En una entrevista a Canal Sur, Aguayo ha querido dejar claro que ella no se siente “responsable política” pero estima que tanto José Antonio Viera (actual diputado del PSOE en el Congreso) como Antonio Fernández (en libertad bajo fianza) tienen “responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo” en que se produjeron los hechos.

Estas afirmaciones se producen semanas después de las últimas detenciones en la operación ‘Heracles’, en la que la Guardia Civil elevó a 50 los millones que presuntamente se habían defraudado en comisiones por los ERE y chocan con la actitud que su propio partido (PSOE) tuvo en las conclusiones de la comisión de investigación sobre los ERE que se realizó en el Parlamento andaluz el pasado verano, donde el PSOE vetó que se señalase a Viera y Fernández como responsables políticos del caso, un extremo que solicitaba IU.

Aguayo considera ahora que la responsabilidad política debe buscarse en la consejería de Empleo porque era la destinataria de los informes de Intervención General y la que tenía que actuar cuando comenzaron los indicios. En cambio, se desmarca de cualquer responsabilidad porque Hacienda “hizo su trabajo cuando detectó que había problemas”. Asimismo, la consejera ve un responsable “muy directo” en el caso, en alusión al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

La consejera ha insistido en que lo que detectó la Intervención General fueron “diferencias de imputación contable”, pero, en ningún caso se detectó, como dijo el propio ex interventor general ante la comisión de investigación del Parlamento, “el menoscabo de fondos públicos ni signos de fraude” y ha destacado que “en ningún caso hubo una advertencia de que había un problema que requiriera otra actuación”

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad