El Gobierno ha confirmado que son 30 las personas detenidas e imputadas por la nueva fase de investigación de los ERE fraudulentos. Entre ellos se encuentra el ex director general de empleo, Francisco Javier Guerrero, y el ex sindicalista, Juan Lanzas.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo desde las 8:00 horas de esta mañana la operacón ‘Heracles’, simultáneamente en Sevilla y otras seis provincias españolas en la que han practicado una serie de detenciones relacionadas con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha detallado que se trata de una «segunda fase» de la investigación que comprende a 30 personas. En ella se han producido 21 detenciones, una decena de imputaciones y una docena de registros en las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. Crespo prevé que esta segunda fase concluya a lo largo del día.
Las detenciones se producen dentro del marco de la investigación que instuye la jueza Mercedes Alaya, que se encuentra bajo secreto de sumario desde el pasado mes de noviembre y por la que se investiga la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
El ex director general de empleo, Francisco Javier Guerrero, que estaba en libertad bajo fianza, ha acudido a los juzgados de Sevilla a declarar, y la Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión sin fianza. Junto a él, han sido detenidos el ex sindicalista y presunto mediador en la trama, Juan Lanzas, así como abogados y presuntos testaferros.
La operación se ha llevado a cabo en la capital en zonas como Viapol, el centro de la capital hispalense, en un despacho de abogados sevillano que podría estar en la calle Balbino Marrón y se está realizando de forma paralela en provincias como Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Según informan agencias, en el caso de la provincia gaditana se está registrando una empresa de seguros con sede en Jerez de la Frontera que presuntamente había planteado expedientes de regulación de empleos para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.