La Junta aduce la necesidad de racionalizar el gasto mientras los sindicatos denuncian que esta partida estaba recogida en la ley de presupuestos de 2013 aprobada recientemente.
La Junta de Andalucía ha decidido cerrar por las tardes, a partir del próximo 1 de febrero, todos los Registros Civiles de la Comunidad. La Consejería de Justicia alega motivos económicos para la supresión de este servicio de tardes al mismo tiempo que considera que las aplicaciones informáticas ya ofrecen este servicio sin necesidad de atención presencial.
Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Justicia denuncian que esta medida supondrá un notable perjuicio para los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir por las tardes a los Registros Civiles de Andalucía a fin de evitar las largas colas que, cada vez con más frecuencia y tamaño, se forman en horario de mañana en estos órganos.
Para los sindicatos, lo más llamativo e inexplicable de este recorte es que el coste de este servicio durante 2013 (2,3 millones) estaba ya presupuestado y aprobado en 2012 “en una Ley de hace tan solo 23 días por el Parlamento Andaluz”. Asimismo critican que los responsables de Justicia “no han sabido o no han querido contestar” a qué se va a derivar esta partida.
Las organizaciones sindicales consideran que se sentirán especialmente perjudicados colectivos como el de la tercera edad, “que acudían por la tarde para la expedición de certificaciones de ‘fe de vida’, y que en poco más de cinco minutos eran atendidos”, cuando esta misma gestión por la mañana conlleva horas de espera. También se verán perjudicados “aquellos ciudadanos que por motivos laborales no pueden acudir en horario de mañana, y que han venido realizando la solicitud de certificaciones de forma telemática con objeto de recoger las certificaciones ya cumplimentadas por la tarde”.
La medida, según los sindicatos, supondrá un nuevo recorte de retribuciones al personal de la Administración de Justicia de Andalucía, al que ya se le iba a recortar en 2013 otro 5% de su salario, de tal forma que los trabajadores afectados –unos 800- verán reducidas sus retribuciones mensuales en torno al 20 % en total.
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