El Gobierno central recurrirá por tercera vez al Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos de Andalucía por vulneración de competencias. La Junta confía en que el tibunal les dé la razón.
El Consejo de Ministros ha acordado hoy plantear un conflicto positivo de competencia al Gobierno de la Junta de Andalucía por la convocatoria para la subasta de medicamentos y ha solicitado la suspensión de la norma, según consta en la documentación publicada por el Gobierno este viernes. De esta forma, será la tercera vez que el Ejecutivo lleve al Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa andaluza.
El Gobierno presenta este conflicto de competencias contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.
El Estado considera que es necesaria la interposición de conflicto de competencia porque en el contenido de esta resolución se establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal, con la consecuencia inevitable, además, «de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud».
Con ello, a juicio del Ejecutivo, se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal.
Para el Gobierno central esta cuestión «puede incidir de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía», más allá de un conflicto competencial entre Administraciones, al ser competencia exclusiva del Estado la de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
«Falta de respeto»
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha considerado que el tercer recurso anunciado por el Gobierno de la Nación, supone «una falta de respeto a la Junta de Andalucía, a las instituciones en su conjunto y al mismo Tribunal Constitucional», máxime cuando el Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre los dos recursos anteriores a favor de levantar las medidas cautelares sobre esta iniciativa de la Junta de Andalucía. En concreto, el TC ha considerado que mantener paralizada esta iniciativa ocasiona “un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica”.
Según la consejera, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy responde a la «oposición» que su gabinete estaría llevando a cabo «para que no se pueda demostrar que hay otra forma distinta de hacer las cosas y salir de la crisis». Con actitudes como ésta «el Gobierno central demuestra, una vez más, que defiende los intereses de la industria, cuando son un agente más que debería de hacer un esfuerzo en esta situación de crisis», señalan desde Salud.
Asimismo, la consejera ha admitido que habrá que esperar a comprobar «el alcance del auto», aunque ha confiado en que el Constitucional saque «pronto» su nueva resolución sobre este conflicto y que, el mismo, «tenga el mismo resultado que los anteriores», es decir, la anulación de la suspensión de la norma. De lo contrario, implicaría que la Junta tendría que hacer frente a los 200 millones que preveía ahorrar con esta subasta.
La Junta advierte de que en el caso de no poder desarrollar la selección de medicamentos y, por tanto, conseguir los ahorros previstos, la Consejería de Salud y Bienestar Social «se vería forzada a tomar medidas adicionales de ahorro para lograr el cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central».
En este sentido, la Junta estima que ese ahorro equivale al mantenimiento de 6.500 puestos de trabajo en el sector sanitario o al mantenimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de la Atención Primaria de toda la provincia de Córdoba y a todas las ambulancias y helicópteros de los servicios de urgencias y emergencias de EPES y del Servicio Andaluz de Salud.
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