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Enrique Benítez (PSOE) y José Antonio Castro (IU) debatieron sobre los medios públicos en una mesa moderada por Ana Jorge Alonso (Universidad de Málaga), que lamentó la incomparecencia de la representación del Partido Popular.

Bajo el nombre de “Políticas de comunicación y desarrollo de la autonomía” el Foro Andaluz de Comunicación planteó dos jornadas de debate en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Eugenio Cosgalla, en representación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), intervino a modo de preámbulo para presentar algunas claves del panorama mediático actual, marcado por una legislación “dispersa, obsoleta y desfasada”, y citó el compromiso del Gobierno andaluz de elaborar una Ley Audiovisual para Andalucía. El consejo audiovisual inició su andadura en octubre de 2005 como desarrollo a una ley de diciembre de 2004, con un modelo de actuación “garantista”, dijo,  que evade cualquier tipo de censura al valorar a posteriori los contenidos.

En el marco de la crisis económica, que calificó de ‘estafa’, José Antonio Castro aludió a la ofensiva de los grandes grupos mediáticos -controlados por las entidades financieras acreedoras, debido al endeudamiento- que pretenden monopolizar el espacio público. El parlamentario por Málaga no obvió la crítica a la gestión de los medios públicos, lamentando los intereses partidistas que privan a la ciudadanía del acceso a los medios, así como la falta de apuestas serias y profesionales para abordar la gestión de las cadenas públicas.

“Se está haciendo un esfuerzo presupuestario para mantener los centros provinciales abiertos y sin la necesidad de despedir a gente; el ajuste se ha hecho sobre todo a partir de productoras privadas” sostuvo Enrique Benítez, que defendió la apuesta del Gobierno de José Antonio Griñán por preservar en un contexto de crisis económica el servicio público de RTVA con una inversión de 200 millones de euros en los presupuestos de 2013.

El coordinador del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento lamentó el “retroceso” en el derecho de acceso a los medios de comunicación que se ha producido en Andalucía con el cierre del segundo canal de la RTVA, y la desaparición de espacios como ‘Sindicados’ o ‘Solidarios’ de la programación. Criticó también la decisión “paradójica” de la dirección de suprimir la programación del segundo canal con la justificación de ofrecer la parrilla audiodescrita, y el reciente despido de 13 profesionales encargados de ofrecer el servicio para contratarlo a una empresa cuyos trabajadores tienen unas condiciones laborales más precarias. “Una empresa pública tiene que tener también un criterio social en la contratación”.

El turno de preguntas se abrió con una interpelación a los ponentes acerca del modelo de gestión de la RTVA que dirige Pablo Carrasco por no erigirse como “una alternativa” a modelos de gobiernos del Partido Popular, y por reproducir “un galimatías de incoherencias” en su parrilla, y la misma dinámica en cuanto a la externalización de servicios. Castro replicó afirmando que no siente que IU tenga capacidad, como parte del Gobierno, “de intervención directa y efectiva en la RTVA”.

Al hilo de la función de los medios de comunicación de informar, formar y entretener, un asistente defendió el aspecto formativo del servicio público en Andalucía. “Canal Sur ha perdido la oportunidad de hacer del segundo canal otro tipo de televisión que funcionase con las universidades andaluzas. Al fin y al cabo un canal público no tiene por qué competir con los medios privados, sino que debe cumplir también un papel como transmisor y generador de conocimiento para la sociedad”.

El acuerdo programático de PSOE e IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía contempla una declaración de intenciones, por desarrollar, para la elaboración de la Ley Audiovisual de Andalucía con la que se pretende promover la democratización del acceso de la ciudadanía a los medios, así como dotar al Consejo Audiovisual de Andalucía de la capacidad para revocar licencias a las concesionarias que no cumplan las cláusulas por las que les fueron concedidas las licencias de emisión.

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