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La consejera de Fomento y Vivienda afirma que hasta el momento, de los 959 casos en fase de riesgo de desahucios, la Junta ha resuelto favorablemente 554 y el resto prevé que también sean positivos.

Las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado, en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, “casi un millar de desahucios” según ha anunciado en comparecencia parlamentaria la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha evaluado el funcionamiento de este servicio desde su apertura el 8 de octubre hasta el 25 de enero. «El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda; y podemos decir que lo hemos conseguido», ha asegurado Cortés.

Desde la puesta en marcha del programa, estos puntos de atención han recibido 1.832 visitas, por las que se han abierto 1.251 expedientes. El resto corresponde a consultas en las que los interesados se limitaron a solicitar información sobre la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición, por lo que no se abrió expediente. Un total de 163 familias (13%) acudieron a las oficinas en la fase de prevención, 969 (77,5%) en la fase de intermediación y 119 (9,5%) en la fase de protección.

La atención en esta fase, que se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, fue solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas. “Es urgente un desarrollo legislativo que ponga freno ya a estos desmanes. En Andalucía ya estamos en ello, con la Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios que prepara el Gobierno autonómico aunque es necesario también un marco estatal garantista», afirma Cortés.

La segunda fase, la intermediación, es la más demandada, y está destinada a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras y se encuentran, por tanto, en riesgo de desahucio. En este ámbito, las oficinas atendieron entre el 8 de octubre y el 25 de enero a un total de 969 familias, el 77,5% del total, que acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.

«De esas 969 familias, hemos resuelto ya favorablemente 554 expedientes», ha anunciado Cortés. «Esto no significa en modo alguno que los restantes 415 expedientes se hayan resuelto desfavorablemente, sino que continúan abiertos, y todos ellos con expectativas de resolución favorable y sin que las familias pierdan sus viviendas», ha añadido.

La consejera de Fomento y Vivienda ha destacado que «todos estos ciudadanos continúan en el pleno ejercicio del derecho a la vivienda, con lo que el objetivo de las oficinas se cumple». «La Consejería ha mediado para evitar casi un millar de desahucios en sus primeros tres meses y medio», ha destacado la consejera, que ha matizado que «son casi mil familias que, de no haber acudido a estos puntos, hoy podrían estar desahuciadas».

De las 554 familias que han acudido a las oficinas, una vez detectado el riesgo de ver lesionado su derecho a la vivienda, 316 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica al comienzo del proceso de desahucio, cuando el lanzamiento aún no es inminente. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas.

El resto de expedientes resueltos favorablemente, hasta llegar a los 554, lo han sido mediante negociación con la entidad financiera, con un total de 238 casos, entre ellos 98 resoluciones mediante envíos de escritos a los juzgados, 83 negociaciones de condiciones de préstamo, 32 daciones en pago, siete acuerdos de alquiler social, así como otras fórmulas de negociación y apoyo en la realización de trámites.

Respecto a los casos de protección, un total de 119 familias (9,5%) se dirigieron a las oficinas bien con el desahucio ya ordenado, bien una vez perdida su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.

Estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también “la garantía de contactar con los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas”. Las oficinas han constatado que los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están “debidamente atendidos” en el plano social.

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