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Andalucía

La Junta aprueba un complemento de 20,3 millones de euros para las pensiones

Las ayudas extraordinarias de la Junta aumentan en un 2% respecto a 2012 y beneficiarán a más de 111.700 personas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos que regulan las ayudas sociales de carácter extraordinario para las personas beneficiarias de las pensiones asistenciales y no contributivas en 2013. Estas prestaciones, que aumentan un 2% en ambos casos respecto al ejercicio anterior, superarán los 20,3 millones de euros y beneficiarán a más de 111.700 personas.

La primera de estas aportaciones extraordinarias complementa la ayuda a favor de personas perceptoras de las pensiones de Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, cuya cuantía ha sido congelada por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Estas personas, que seguirán percibiendo 149,86 euros mensuales, con un total anual de 2.098,07 (incluidas dos pagas extraordinarias), recibirán el próximo año 1.097,16 euros anuales extraordinarios procedentes de la Junta, que serán abonados en cuatro pagas.

La Consejería de Salud y Bienestar Social calcula que en 2013 serán 7.748 los andaluces beneficiarios de esta medida (el 83,4% mujeres), lo que supone una cuantía total de más de 8,5 millones de euros.

Respecto a las pensiones por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, que el próximo año percibirán 104.000 personas en la comunidad autónoma (un 70% mujeres), las ayudas complementarias aprobadas ascienden a un montante global de más de 11,8 millones de euros, con una percepción individual de 113,62 euros que se abonará en una paga única.

Esta medida está planteada para personas que, por la baja cuantía de su prestación (357,70 euros al mes) y su bajo nivel de renta, conforman un colectivo en riesgo de exclusión social.

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Tanto en el caso de las pensiones asistenciales como en el de las no contributivas, las personas beneficiarias recibirán el importe de las ayudas complementarias sin necesidad de realizar solicitud previa, es decir, la Consejería de Salud y Bienestar Social abonará de oficio los importes establecidos.

Las ayudas extraordinarias aprobadas se enmarcan en la prioridad que el Gobierno andaluz concede a las políticas sociales y a la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente afectados en el actual contexto de crisis y de ataques al Estado del Bienestar. Desde 1989 la Junta viene aprobando este tipo de complementos para las pensiones asistenciales de personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales, una medida que el próximo año será más necesaria aún por la congelación de estas prestaciones en el ámbito estatal. En el caso de las no contributivas de jubilación e invalidez, el Gobierno andaluz ya concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2012.

FLA 2013

Asimismo, la Junta ha solicitado acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que se pondrá a disposición de las comunidades para el año 2013. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado la presentación de una petición formal al Gobierno central para adherirse a este fondo de ayuda, del que aún no se dispone de una cantidad concreta.

En esta misma línea, ha subrayado que Andalucía sigue “abierta al diálogo” con el Gobierno de la Nación para reclamar un trato justo en esta línea de crédito, y ha lamentado que con el reparto de 2012 se ha cometido una “clara discriminación” con la comunidad. “La Junta seguirá firme en la defensa de Andalucía”, ha asegurado.

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La Comunidad Autónoma Andaluza recibió del FLA de 2012 un total de 2.133 millones de euros -frente a los 4.906 millones reclamados de acuerdo con el límite de gasto fijado en la propia norma estatal (un 43% de la petición inicial)-, lo que la coloca por detrás de otras autonomías, que han recibido un mayor porcentaje sobre las cuantías reclamadas. Así, Cataluña solicitó 5.433 millones y se le han concedido 5.370 (98,8%), Castilla-La Mancha reclamó 848 millones y ha recibido 548 (64,6%), y la Comunidad Valenciana pidió un total de 4.500 millones y se le han adjudicado 2.537 (56,4%). Además, la Junta ha demandado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los 1.100 millones que no han sido asignados ni ha solicitado ninguna otra comunidad autónoma.

El portavoz del Ejecutivo andaluz ha considerado que esta distribución constituye un “error” y la ha atribuido a una “persecución” a Andalucía por tener un gobierno “de distinto signo político” al estatal.

Vázquez ya ha manifestado en anteriores ocasiones la “injusticia” que supone para Andalucía la distribución del FLA de 2012, al habérsele concedido el porcentaje más bajo de las cantidades solicitadas pese a ser la comunidad con una menor deuda per cápita y tener un déficit público por debajo de la media nacional.

Igualmente, ha referido que si los 1.100 millones sin adjudicar llegaran a Andalucía, el cumplimiento del objetivo de déficit para el próximo año -fijado en un 1,5% para las comunidades autónomas- estaría asegurado.

De los 2.133 millones asignados inicialmente a la comunidad andaluza dentro del FLA, 632,18 millones de euros se han destinado a atender los vencimientos de deuda y 1.501,71 millones a las restantes necesidades de financiación, fundamentalmente pagos a proveedores de la Administración y con especial prioridad a los ámbitos de la salud, los servicios sociales y la educación.

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La principal condición aceptada por el Gobierno andaluz fue el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio que la Administración autonómica desarrolla desde hace dos años y que, entre otras medidas, incluye la reordenación del sector público, la reducción de altos cargos, el aumento de los ingresos tributarios y la consolidación de las plataformas centralizadas de compra en el ámbito sanitario.

El FLA es un instrumento que permite a las comunidades autónomas facilitar el acceso a los mercados financieros en el marco de los endeudamientos autorizados por el Gobierno de España. El préstamo tiene un plazo de devolución de diez años, con dos de años de carencia incluidos y un margen de interés que dependerá del coste de financiación de la deuda estatal en cada momento.

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