La Junta asegura que la comunidad cuenta con menos hectáreas por agricultor y que sus productores cobran por debajo de la media.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha rechazado este lunes que Andalucía goce de «privilegios» en la Política Agraria Común (PAC) a pesar de ser la comunidad que más fondos recibe.

Así lo ha asegurado en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes de participar en la videoconferencia informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, al ostentar Andalucía durante este primer semestre la representación de las comunidades autónomas.

La consejera ha rechazado que Andalucía tenga un trato de favor en la PAC frente a otras comunidades, a pesar de ser la que más fondos recibe, ya que es de las comunidades con menos hectáreas por agricultor y sus productores cobran por debajo de la media. Así, ha detallado que mientras la media en España se sitúa en 6.500 euros por agricultor, y en algunas comunidades se alcanza hasta los 10.000 euros, en Andalucía la media es de 5.000 euros por productor.

Mientras la media en España se sitúa en 6.500 euros por agricultor, y en algunas comunidades se alcanza hasta los 10.000 euros, en Andalucía la media es de 5.000 euros por productor.

Asimismo, Crespo ha reivindicado el «modelo agrario andaluz» como un referente en innovación, en sostenibilidad social y medioambiental, en competitividad y como un factor imprescindible para evitar la despoblación de los municipios rurales. «En la nueva PAC hay que recompensar a quienes más han invertido en innovar y en ser más competitivos», ha insistido, antes de aplaudir la capacidad exportadora de Andalucía, «que está garantizando el suministro de alimentos de calidad para toda Europa durante la pandemia».

Rechazo a una convergencia abrupta

Además, ha asegurado que la Unión Europea (UE) no está demandando una convergencia brusca de la Política Agraria Común (PAC), «como así ya está implantando antes de tiempo el Ministerio en el periodo transitorio», y ha recalcado la apuesta unánime del sector agrario y de la Junta de Andalucía por una convergencia «más lenta y gradual» que permita a agricultores y ganaderos adaptarse al nuevo marco.

Crespo ha advertido de que la convergencia abrupta que plantea el texto definitivo del real decreto, que se analiza este martes en el Consejo de la UE, supone multiplicar por cuatro la velocidad de la convergencia durante los dos años -2021 y 2022- en los que se extiende el periodo transitorio de la PAC.

«Andalucía, el sector agrario andaluz y otras comunidades autónomas ya hemos mostrado nuestro desacuerdo con la convergencia brusca y acelerada que quiere implantar el Ministerio de Agricultura», ha subrayado la consejera, quien ha pedido al Gobierno central que reflexione, modifique el real decreto y dialogue con las comunidades autónomas.

En este sentido, Crespo ha señalado que, si bien el Ministerio reconoce ahora que el 1% de los agricultores perderá más de un 20% de las ayudas directas a las rentas en el primer año, no dice nada sobre las pérdidas que sufrirán en el segundo año o sobre los que dejarán de ingresar el 15%, el 17% o el 19%. «Esta convergencia brusca va a provocar un trasvase de fondos entre agricultores con el que no estamos de acuerdo», ha recalcado.

La COAG se suma al rechazo

Tras la aprobación ayer del Real Decreto sobre la PAC en Consejo de Ministros y ser publicado hoy en el BOE, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) “rechaza frontalmente” la convergencia de los derechos de pago básico que establece dicho documento.

Desde la organización aseguran que la medida “no responde a criterios redistributivos de carácter social” ya que “ajusta el valor de los derechos pero no el montante de ayudas”.

Por otro lado, la COAG ha manifestado su rechazo sobre lo que entienden como “la pretensión del Ministerio de Agricultura de eliminar los derechos de pago básico y transformarlos en un pago por superficie, prevista para la aplicación de la próxima reforma de la PAC”. “Los derechos deben permanecer asignados a los hombres y mujeres del campo que trabajan como titulares activos del sector agrario y viven de esta actividad”, concluyen.

Periodista. Actualmente cursando máster de Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla.