La comisión de investigación de los ERE irregulares se ha retomado hoy en el Parlamento andaluz con las comparecencias de Juan Lanzas, José González Matas y Antonio Albarracín.
La Comisión de Investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía durante el período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010 se ha reunido hoy para asistir a las comparecencias de Antonio Albarracín Muñoz, ex representante de la aseguradora Vitalia; José González Matas, administrador de la aseguradora UNITER, y el sindicalista Juan Lanzas Fernández.
Tanto Albarracín como Lanzas han manifestado en la Comisión que al estar inmersos en un proceso judicial por el asunto de los ERE, se acogían a su derecho a no hacer declaraciones. En ambos casos los comparecientes leyeron un comunicado para aclarar algunos puntos que hicieron llegar a los representantes de los grupos parlamentarios. No obstante, y para que constara en el acta de la Comisión, los grupos han ejercido su derecho a interpelar aunque sin obtener respuestas.
El único que respondió a las preguntas de los diputados fue el administrador de la empresa UNITER, José González Matas.
Lanzas: “Nunca cobré de ninguna empresa pública”
Pese a que ha sido el último en comparecer en la primera jornada de esta segunda tanda en la comisión de los ERE, la suya era la más esperada este jueves. Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y considerado por la juez Alaya ‘conseguidor’ de las ayudas, ha insistido en el Parlamento que nunca cobró “ningún concepto de ninguna empresa pública ni de ningún funcionario o autoridad», y que ni siquiera recibió ningún encargo.
Lanzas no ha querido declarar para no “politizar”, ha dicho, el proceso judicial, que sigue su curso. A su juicio, “se solapan (muchos aspectos) con los que son objeto de investigación judicial, que es la que debe prevalecer sobre la del Parlamento».
Con todo, y en su única declaración, que ha leído, ha insistido en que «nunca cobré por ningún concepto de ninguna empresa pública ni de ningún funcionario o autoridad ni recibí ningún encargo».
González Matas habla de “orden directa” del Parlamento en un ERE
Previamente ha comparecido José González Matas, representante de la mediadora de seguros Uniter. González Matas ha dicho tener conocimiento de que el Parlamento de Andalucía ordenó de forma “directa” la inclusión de “20 intrusos” en una póliza gestionada por su empresa.
El trabajador de Uniter ha explicado que estos “intrusos” no trabajaban realmente en la empresa objeto del ERE que se tramitó en 2003. Una ayuda para el colectivo de trabajadores de la Bolsa de Tharsis, del sector minero de la Faja Pirítica de Huelva.
Por su parte, el ex representante de la empresa Vitalia, Antonio Albarracín Muñoz, ha insistido en que su consultora nunca cobró “comisiones” y que, por tanto, desconocía también si había o no ‘intrusos’ en los expedientes de regulación de empleo irregulares. “Nos limitábamos a formalizar las pólizas que les encargaban los pagadores de las mismas”, ha dicho. “Si se las pedían, es porque estaban legitimados para ello».
García niega que el Parlamento tuviera nada que ver en los ERE
Al término de la sesión de la Comisión, su presidente, Ignacio García, ha atendido a los medios de comunicación para aclarar, en calidad de vicepresidente primero del Parlamento, que es “radicalmente falsa” la afirmación del compareciente José González Mata en la Comisión de Investigación acerca de que esta institución ordenara la inclusión de intrusos en ningún Expediente de Regulación de Empleo.
García ha explicado el procedimiento por el cual la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones da traslado a los Grupos parlamentarios y a la Consejería de la Junta de Andalucía competente de las peticiones registradas por los ciudadanos en la Cámara andaluza, sin que por ello, en cualquier caso, el Parlamento adopte ninguna decisión ejecutiva.
Ignacio García ha valorado que estas afirmaciones vertidas en la Comisión de Investigación y recogidas por algunos medios de comunicación «implican un desconocimiento total de las funciones que competen a un parlamento y por lo tanto carecen de verosimilitud alguna».
Asimismo, y a instancias del Grupo Popular en la Comisión de Investigación, el Parlamento de Andalucía ha tenido que corregir la posición de una cámara de televisión por entender los miembros de este grupo que el tiro de cámara les perjudicaba.