El Gobierno autonómico también impugnará el artículo del Real Decreto-Ley 20/2012 que ‘recorta’ las vacaciones y permisos de los empleados públicos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 27 y 28 de esta norma estatal vulneran y dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista, además de suponer un perjuicio para las pymes comerciales de la comunidad.
Junto con estas disposiciones, la Junta recurrirá también el artículo 8, que altera el marco competencial al fijar unilateralmente el régimen de vacaciones y permisos de los empleados públicos en todas las comunidades autónomas.
Respecto al sector comercial, el Ejecutivo andaluz impugnará el artículo 27 del Real Decreto-Ley, que modifica diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios.
Similar invasión competencial supone el artículo 28 de la norma estatal. Este precepto será recurrido por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial y que, en cualquier caso, sólo corresponderían a la comunidad autónoma.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha subrayado que el recurso se produce en defensa de los intereses de los pequeños y medianos comerciantes de Andalucía, y que refleja la apuesta del Gobierno autonómico por este ámbito como «elemento estratégico de la economía y del urbanismo comercial». Asimismo, ha apuntado que responde a una «petición unánime» del sector, tal y como pone de relieve el acuerdo suscrito el pasado mes de julio con la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos UGT y CCOO, y las organizaciones de consumidores Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus contra la liberalización de horarios comerciales aprobada por el Gobierno central.
En su acuerdo de autorización, el Gobierno andaluz recuerda que el propio Constitucional ha establecido límites teóricos a la competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía. Así, en sus sentencias 186/1988 y 133/1997, el alto tribunal subraya que esta atribución no puede incluir «cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general», pues «se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico».
Además de la invasión de competencias, la Junta también advierte de la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española por el uso abusivo, arbitrario e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Carta Magna exige la concurrencia de «extraordinaria y urgente necesidad» y de una conexión justificada entre la situación de urgencia y las medidas concretas que se adoptan.
A juicio del Gobierno andaluz, ni la nueva regulación de los horarios comerciales contenida en el artículo 27 del Real Decreto-Ley 20/2012 ni la referida a las rebajas y la ordenación del comercio minorista, recogida en el artículo 28, reúnen estos requisitos constitucionales.
Por un lado, la coyuntura económica que invoca la norma estatal carece por completo de la nota de imprevisibilidad que justificaría la urgencia, pues responde a una situación de crisis internacional que dura ya más de cuatro años. En este sentido, el Consejo subraya que las medidas de liberalización que se introducen podrían haber sido aprobadas, con igual eficacia, mediante una ley formal aprobada por las Cortes Generales.
Además, el Gobierno andaluz señala que el supuesto de extraordinaria y urgente necesidad también queda invalidado por la demora que la propia norma estatal hace, hasta 2013, de la aplicación del nuevo régimen de calendarios de apertura de comercios y de rebajas. Dado que esta regulación no modifica de manera instantánea la situación jurídica existente, tampoco guarda conexión con una necesidad perentoria.
Entre otros cambios normativos, el Real Decreto-Ley fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10-16 la cifra de los domingos y festivos autorizados.
En esta línea, el consejero de Turismo y Comercio ha criticado que la reforma sólo beneficia a los grandes establecimientos comerciales y multinacionales, a los que pretende «trasladar» parte de la renta por el consumo de bolsillo para pequeños y medianos comerciantes.
El sector comercial representa el 8% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 430.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
“Normalidad” en el inicio del curso
Mientras tanto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha valorado la «normalidad» imperante en el inicio del curso escolar en la comunidad y ha asegurado que ello ha sido posible, en gran parte, gracias «al esfuerzo presupuestario» realizado en Andalucía a favor de la enseñanza pública. Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Vázquez ha subrayado que el comienzo del curso ha estado marcado por «la ausencia de incidentes», un «buen arranque» que se debe al «compromiso del conjunto de la comunidad» por la educación pública.
De este modo, ha elogiado la contribución de padres, profesores, alumnado y administración, que son conscientes del «enorme esfuerzo que está haciendo Andalucía por blindar la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades».
El portavoz ha recordado, así, las actuaciones desarrolladas en Andalucía, con las que se ha conseguido «reducir el impacto negativo» de las medidas del Gobierno central, que han supuesto «un paso atrás preocupante en las conquistas sociales de los últimos años».
Frente a ellas, Vázquez se ha referido al mantenimiento de la oferta educativa en Andalucía, materializada en la continuación de la ratio de alumnos por aula, las becas, la cartera de servicios y las ayudas para las familias. Todo ello, ha defendido, «marca la diferencia frente a los recortes que se han producido en otras comunidades autónomas».