Segunda y última semana de comparecencias en el Parlamento andaluz dentro de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Este lunes el turno ha sido de los ex consejeros de Innovación Ciencia y Empresa Martín Soler y Francisco Vallejo; y del ex consejero de Empleo, Manuel Recio.
De esta forma, Soler ha insistido ante los tres grupos políticos presentes en la comisión –PP, PSOE e IU- que durante los once meses que estuvo al frente de este departamento no conoció ninguna «irregularidad» en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que tenía como «rol» el ser una «mera caja pagadora».
El ex consejero estuvo al frente de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010. Ha insistido esta tarde en que nunca tuvo conocimiento estando en el cargo de los informes de Intervención de la Junta, pero que, por lo que ha podido saber a posteriori, se limitaban a «recomendaciones» y que en, ningún caso, la Intervención paralizó el procedimiento, ni consideró que podía producirse menoscabo de los fondos públicos. «Nunca dio el paso sobre determinadas líneas rojas», ha dicho.
Soler ha reiterado que el convenio firmado con el Instituto de Fomento de Andalucía –la antigua IDEA- era “legal”, y también eran legales las transferencias de financiación. «No debe ponerse en cuestión una política sociolaboral, sino que lo que hay que lograr por todos los medios es que caiga el peso de la ley en los infractores», ha insistido.
Martín Soler ha insistido en que han fallado «los controles» y que ello podría haber pasado con este procedimiento o con otro distinto. No obstante, sí que ha indicado que ello no ha ocurrido en Innovación porque «posiblemente» los procedimientos en la Consejería de Innovación son «más transparentes, hay un registro unificado, se puede consultar telemáticamente la información y no estaba el sinvergüenza de turno».
Francisco Vallejo: “IDEA sólo materializaba los pagos”
Previamente, y cerrando el turno de mañana, ha comparecido ante la comisión el también ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo. Éste ha reiterado que la Agencia IDEA materializaba los pagos que ordenaba la Consejería de Empleo en cuanto a las ayudas sociolaborales para trabajadores y empresas y ha negado cualquier responsabilidad política.
Vallejo fue consejero entre 2004 y 2009, predecesor de Martín Soler. Ha asegurado desconocer el informe de Intervención General de la Junta de Andalucía de 2003, que entró en la Consejería en 2005, donde se advertía de que las ayudas tramitadas no se ajustaban al procedimiento administrativo previsto y, además, ha asegurado que «no le correspondía conocerlo».
«Nadie se lo llevó al consejero ni le correspondía al consejero conocerlo» porque «no afectaba a la Consejería de Innovación» sino que fue remitido a los servicios jurídicos quienes interpretaron una discrepancia jurídica. Aun así, ha destacado que este informe «no conlleva obligación ni reproche jurídico ni propone una actuación».
De esta forma, ha apuntado que los posibles incumplimientos y las rectificaciones las debería de realizar el órgano gestor, en este caso, la Consejería de Empleo, y, por tanto, «no se requiere nada de IDEA o de la Consejería de Innovación». Además, ha añadido que «IDEA carecía de legitimación para cuestionar la legalidad del procedimiento», sólo «cumplía una orden de obligado cumplimiento de Empleo».
Manuel Recio: “Abuso de confianza” de los intrusos
El primero en comparecer esta mañana en el Parlamento ha sido Manuel Recio, consejero de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012. Recio ha manifestado que «nada tiene que ver» la legalidad del sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, que ha defendido, con los «abusos» que hayan podido producirse en su aplicación y que tienen que investigarse «hasta las últimas consecuencias», al objeto de que «nadie quede sin castigo» y se pueda recuperar «hasta el último euro».
Durante su intervención, el ex alto cargo andaluz ha defendido «el plan de acción» llevado a cabo por su departamento para determinar las irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó en el procedimiento de ayudas, así como la «total colaboración» con la Justicia.
«No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad», ha señalado, insistiendo en que el 97 por ciento de los expedientes tramitados por la Junta entre 2001 y 2010 no presentan ninguna irregularidad.
Tras apuntar que el procedimiento de concesión de ayudas ha sido «legal desde el principio» y sometido a los «preceptivos controles», Recio ha señalado que estos fondos sociolaborales en ningún caso han sido «opacos» y que su consignación presupuestaria estaba aprobada por el Parlamento. «Se trataba de una partida con nombres y apellidos, la 31L, gestionada con procedimientos establecidos al amparo de la normativa legal, y que han avalado los servicios técnicos y jurídicos de la Junta», ha sentenciado.