Los dos consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía durante el período investigado por la comisión parlamentaria de invetigación destacan «la legalidad» del procedimiento para la concesión de ayudas a empresas en crisis y repelen la responsabilidad de las irregularidades, argumentando que las competencias «estaban delegadas» en Guerrero. Los tres comparecientes han respondido hoy a las preguntas de la comisión.
Intenso día de preguntas y respuestas en la comisión parlamentaria de investigación que por primer día ha contado con dos rondas de preguntas, e incluso el presidente ha tenido que recordarle a los comparecientes que su tiempo de exposición finalizaba. Al menos, hoy se ha hablado y se han respondido preguntas.
La mañana empezaba con Justo Mañas, el que fuese viceconsejero de empleo entre 2010 y 2012, con la llegada del consejero Manuel Recio -cuya comparecencia está programada para el lunes- quien rompió la tónica de la comisión y se mostró dispuesto a responder las cuestiones de los parlamentarios, tras exponer durante más de una hora su actividad, su conocimiento y sus decisiones en Empleo. Justo Mañas inició su exposición con un amplio informe aclarando que fue de su mano que la Consejería de Empleo se personara mediante denuncias, explicando que «tanto Recio como Griñán» le ordenaron esclarecer la situación «cayese quien cayese», extremo que repitió durante varias ocasiones.
Mañas explicó que a su llegada decieron -Recio y su equipo- investigar todos los ERE vivos, es decir, aquellos que aún se seguían abonando. Detalló que en total han sido 68 empresas con algo más de 5.800 trabajadores las revisadas, «uno a uno», de los que aparecieron 72 intrusos, es decir, personas que sin trabajar en las empresas de esos expedientes, aparecen en las pólizas de los seguros. Según Mañas como se registraron irregularidades, «el 25 de febrero de 2011 decidí paralizar los pagos» dijo, «sabiendo lo dura de la decisión» que tomó para «garantizar el dinero de los andaluces».
Mañas -doctor en ciencias físicas- pidió «no confundir el mal uso de la norma con la no existencia de ella». Su intervención se detuvo en algún momento por los murmuros de los diputados populares, por lo que el presidente de la comisión, Ignacio García, les pidió mayor silencio. En su locución dijo que tras su llegada a la Consejería en 2010, «no activó los pagos del ERE de Mercasevilla» porque «la documentación no lo avaló».
Finalizada su exposición los grupos preguntaron a Mañas, respondiendo este a la portavoz de Izquierda Unida, Alba Doblas, que «hay que diferenciar entre lo razonablemente mejorale, lo obligadamente mejorable y lo ilegal» añadiendo con un símil que «redactamos un nuevo código de circulación para que los viandantes andasen mejor».
Especialmente llamó la atención de IU y PP, un encuentro mantenido en la Consejería por Mañas, Recio y algunas personas más, un domingo de 2010, negando el compareciente que diera orden alguna de no dejar rastro dobre la citada reunión. Asimismo reconoció que «no comentó las responsabilidades políticas de sus antecesores con Recio ni en el Consejo de Gobierno, al tiempo que incidió en que «la firma del viceconsejero es innecesaria e insuficiente para la concesión de ayudas».
Mañas, quien mantuvo un tono educado y tranquilo durante sus intervenciones, respondió a las preguntas de la portavoz socialista, Antonia Moro, así como las de la portavoz popular, Teresa Ruiz-Sillero, quién comenzó preguntándole su afiliación política. Ante esto Mañas, quien calificó la pregunta de improcedente, dijo no tener inconveniente en contestar que era militante del Partido Socialista Obrero Español «a mucha honra». Posteriormente ante las cuestiones de Ruiz-Sillero, Mañas aclaró que «mi misión es sólo informar a los andaluces de lo que sé sobre los ERE y no defender al PSOE, no se confunda».
El que fuera viceconsejero de Empleo añadió que «en ningún momento» conoció alguna irregularidad de la que no haya informado de forma inmediata a la Justicia». Ante sus respuestas, Ruiz-Sillero llegó a responderle que «si se trataba de la película Salvad al soldado Griñán» por lo que el compareciente espetó a la diputada popular que «no trate de buscar tres patas al gato, aunque no le guste». En un segundo turno, la portavoz de IU preguntó por «un silencio cómplice entre miembros -del PSOE- que lo antecedieron en los cargos».
Viera: «No he otorgado nada»
Pasadas las 12:30 horas arrancaba la comparecencia del primero de los consejeros de Empleo que han pasado hoy por la comisión, el titular entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, quien en una larga exposición recordó sus labores de delegado de Educación en Sevila, de delegado del Gobierno en Andalucía, de consejero de Innovación o de presidente del parque tecnológico Cartuja 93. Viera dedicó media hora a explicar su currículum político y a detallar el organigrama de la Consejería de Empleo en 2000. Asimismo recordó dos causas que mantuvo abiertas con la Justicia, que posteriormente quedaron en vía muerta.
En su explicación, Viera criticó que el PP lo acuse de «ideólogo de todo el sistema para delinquir» para proseguir hablando de las encuestas sociológicas sobre la imagen de los políticos, las competencias de las áreas de la consejería, de sus logros en la Aeronáutica o los parques tecnológicos en Andalucía. También habló de Santana, de Linares, el todoterreno Aníbal, de Japón y de la Faja Pirítica de Huelva. Todo esto generó entre los periodistas caras de sorpresa ante los más de 20 minutos que dedicó a asuntos tan dispares que poco tenían que ver con las dudas de los parlamentarios.
José Antonio Viera, quien fuera secretario general del PSOE de Sevilla durante ocho años -hasta 2012- actualmente es diputado en el Congreso por Sevilla. A día de hoy no está imputado en la causa judicial abierta por la juez Alaya, y en el caso de hacerlo, ésta debería recurrir al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Viera.
Cuando -después de casi una hora- se centró en hablar de sus responsabilidades, declaro que «un consejero es un político y se centra en cumplir el programa electoral. Ni hace decretos, ni leyes, ni órdenes». También dijo que «son los delegados provinciales quienes iniciaban y concluían el procedimiento de los ERE». Tardó Viera una hora en tratar en su discurso sobre la Sierra Norte de Sevilla, a la que dijo estar vinculado personalmente desde 1965 pero en la que «no tengo ningún familiar, y me parece absurdo que se vincule mi relación de 40 años a un foco de influencia concreta».
Ya en las preguntas, IU cuestionó el sistema de ayudas sobre si «pervirtió la lógica de los ERE ayudando con barbaridad de dinero público a empresas pequeñas y no relevantes», remitiéndose a un restaurante, una empresa de fotografía y otra de pinturas. Alba Doblas defendió que «hay inmorales amiguismos en la concesión de ayudas» citando «al churrero de El Pedroso» o «al alcalde de San Nicolás del Puerto». Doblas preguntó también a Viera por su hija y el de José Caballos (PSOE). Asimismo la portavoz de IU dijo que «se dieron dos millones de euros a una empresa de no más de seis trabajadores» y preguntó si «el convenio firmado se realizó para eludir la legalidad y beneficiar a algunas personas».
Ya el grupo socialista cuestionó a Viera por el nombremiento de Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social de la consejería, a lo que respondió que «estaba allí, y yo lo ratifiqué». Antonia Moro, portavoz socialista cuestionó nuevamente por la Faja Pirítica de Huelva, ERE que permite la comparecencia de Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana, y que centra la línea de trabajo del PSOE en la comisión, recordando que «el Gobierno de España sigue sin remitir el expediente a esta comisión».
Rafael Carmona, del grupo popular, inquirió al ex consejero sobre la legalidad del convenio marco de 2001 firmado entonces entre él y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que a su vez era viceconsejero – y años después lo sucedería en el cargo- Antonio Fernández. Carmona dijo que el citado convenio «no cuenta con expediente ni publicación alguna en el Boletín oficial de la Junta». Finalmente y pese a la insistencia de Carmona «del formulario que debían rellenar las empresas en crisis», Viera no supo responder la cuestión con claridad, remitiéndose al convenio marco de 2001.
José Antonio Viera también dijo que «no he otorgado nada» y que delegó en Guerrero las competencias, eludiendo así la responsabilidad sobre los ERE. Finalmente Viera rechazó que el sistema se hiciese para financiar el PSOE y culminó diciendo que «jamás he hecho una intervención inmoral ni ilegal a sabiendas». Culminó citando el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882.
Antonio Fernández: «Yo no soy el responsable de los intrusos de los ERE»
Ya por la tarde, le llegó el turno a Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y actualmente en libertad bajo el pago de una fianza.Fernández, en la línea de su antecesor en la comparecencia, centró ampliamente su discurso en el contexto económico andaluz durante su período al frente de Empleo, destacando que «nació una política de estado ante la crisis industrial de Andalucía».
Al igual que Viera, Fernández se remitió al convenio marco de 2001 -el gran protagonista de la jornada- que «el Parlamento de Andalucía ha aprobado año a año con los presupuestos» haciendo así extensiva la responsabilidad a los 109 diputados de la Cámara andaluza. Posteriormente añadió que «ni el Parlamento, ni la Cámara de Cuentas han entendido como ilegal este programa en diez años». Fernández culminó su hora de intervención, en la que sólo dedicó veinte segundos a hablar de «irregularidades de quien haya actuado». Finalmente pidió no responder, aunque dijo que si la comisión le hacía las preguntas orales, respondería para no ver perjudicado su derecho al honor.
Ignacio García, tras la argumentación de Fernández le leyó artículos de la Constitución Española y le aclaró que «aquí no es de aplicación lo de quien calla otorga» que el compareciente empleó previamente para justificar su petición.
Ya en las preguntas, Alba Doblas dijo que «según usted -por Fernández- y Viera, se invierte el orden lógico, de la responsabilidad lógica de una consejería». Fernández insistió en que «no era competente ni intervenía en las ayudas», juntificándolo en la delegación de competencias a Guerrero.
El que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010 también añadió que fue él «el primero que ordenó investigar a la Fiscalía y pidió el no abono de las ayudas» en lo que podría interpretarse como una respuesta a la declaración realizada por Justo Mañas a primera hora de la mañana.
Duras fueron las palabras de la portavoz de Izquierda Unida quien dijo a Fernández que «hablamos de empresas que no tienen actividad ni empleo y a veces, ni sedes ni industria». Fernández respondió que «el primer interesado en perseguir a los que hayan abusado de las ayudas soy yo» tras decirle Doblas que apenas se le veía indignado por las irregularidades. Esto desbordó la paciencia de Doblas quien le espetó a Fernández «yo soy diputada, estoy en el Parlamento de Andalucía, y le hago las preguntas que estime oportunas. Usted responda o no».
Por su parte, la portavoz socialista cuestionó al ex consejero por quién asesoró o ideó la creación del convenio marco de julio de 2001. Ya a sus preguntas, Fernández ironizó diciendo que «yo otorgaba ayudas en un cuarto oscuro y no lo sabía a nadie» para posteriormente añadir que «algunos hicieron un mal uso del procedimiento. Debe perseguirse e ir contra los que abusaron. Esa era la habilidad del delincuente, cometer sus delitos sin que se supiese» finalizando con un «mis manos están muy limpias». Fernández, como ya hiciera Viera, apoyó su nombramiento a Guerrero «porque no había tenido el más mínimo rechazo o cuestionamiento». Lo mantuvo en el cargo hasta 2008 «cuando realicé una remodelación del equipo».
Tras el enfrentamiento -ya casi clásico- entre los comparecientes y los portavoces del grupo popular, Rafael Carmona tras intensas preguntas le aclaró a Fernández que «el convenio de 2001 no tiene rango de ley, no se publicó en ningún sitio y no es de general conocimiento». Insistió también Carmona sobre el desarrollo pormenorizado de las mismas hasta que arrancó a Fernández un «no hay norma de desarrollo de petición para las ayudas, como usted sabe bien».
Ya en el segundo turno de cuestiones de los parlamentarios, Fernández respondió a Doblas «yo no soy el responsable de los intrusos de los ERE». También respondió a PSOE y PP que «las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis se decidían con sindicatos y empresarios» y que «no conocía que se pagaban comisiones a intermediarios». Fernández declaró «no haber tenido ánimo de enriquecimiento» y que «la sospecha de corrupción y falta de mecanismos de control es desmesurada y choca con la realidad documentada». Finalmente, con la lectura de un documento donde expresaba su sufrimiento por su incursión en el proceso judicial a causa de la imputación de unos delitos «de los que soy inocente» acabó la comparecencia ante la comisión.
Ya el lunes se retomarán los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación con las comparecencias de tres ex consejeros: Manuel Recio, de Empleo, Francisco Vallejo, de Innovación, Ciencia y Empresa, y de su sucesor en el cargo, Martín Soler.