Juan Márquez, Daniel Rivero y Agustín Barberá han comparecido hoy pero no han respondido a las preguntas de los diputados

Barberá, Rivera y Márquez vuelven a acogerse a su derecho a no declarar. Los tres están imputados en la investigación judicial. Los ánimos comienzan a hacer mella en los miembros de la comisión, donde se recrudece el enfrentamiento entre socialistas y populares.

El tercer día de comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares se cerró con más silencios de los tres comparecientes, a su vez imputados en la causa judicial. Los tres rechazaron responder a las preguntas de los diputados de la comisión.

La jornada se inició con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Juan Márquez, que sucedió en el cargo a Francisco Javier Guerrero, quien compareció ayer. Arrancó un día más la tónica que perdudaría toda la jornada -y ya van tres- en la comisión: se acogió a su derecho constitucional para no declarar. En la causa judicial abierta, Márquez está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y falsedad, unas imputaciones que están relacionadas con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por un valor de más de 154 millones.

Durante su exposición previa -en la línea de todos los comparecientes- explicó que nunca cobró «ni un solo euro en ningún concepto más allá de mi sueldo, ni he tenido conocimiento de que alguien se haya podido lucrar».

Rivera  «denunció cuando tuvo conocimiento de ilegalidad»

También compareció ante la comisión Daniel Rivera, quien fuera Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta, sucesor de Juan Márquez. Rivera dijo «estar injustamente imputado» y que denunció «cuando tuvo conocimiento de alguna ilegalidad». Precisamente él llegó al cargo de la mano del consejero de Empleo, Manuel Recio, y que a diferencia de éste -que no está imputado por la jueza Alaya- se le atribuyen supuestos delitos de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.

Rivera guardó silencio ante las cuestiones de PP e IU al tiempo que el portavoz popular, Rafael Carmona le cuestinó por el pago a su abogado, que en su caso hará la Junta de Andalucía «pese a ser un ex alto cargo». Rivera sí dijo «estar alucinando» ante las cuestiones del PP «en ocasiones, difamantes». Rivera recordó también que «los intrusos -en las pólizas de los ERE- se han identificado a instancias de las denuncias de la Consejería de Empleo» añadiento además que «si los designados por mí, quiebran mi confianza, la responsabilidad política es mía». Tras las preguntas del PP, Antonia Moro, del PSOE pidió al presidente que solicitase a su vez al Gobierno de España la documentación correspondiente al ERE de la faja pirítica de Huelva -en el que el PSOE basa la comparecencia de Zaplana, Arenas y Zoido- lo que motivo una nueva trifulca parlamentaria que cortó Ignacio García.

Barberá a Doblas: «si hubiese sido el primero, estaría más relajada»

Y la tercera callada por respuesta de la jornada empezó a hacer mella en los ánimos del PP y también de IU, cuya portavoz, Alba Doblas mantuvo un turno de preguntas en un tono más desesperado de lo habitual frente al tercer y último de los comparecientes, el ex viceconsejero de Empleo de Antonio Fernandez, Agustín Barberá.

Alba Doblas, que apenas realizó algunas preguntas, acabó desahogándose con Agustín Doblas tras dos días de no respuestas por parte de los comparecientes llegándole a decir que era «una tomadura de pelo a los andaluces» que ni siquiera quisiera contestar al sistema habitual de funcionamiento de la Consejería de Empleo. Doblas llegó a considerar en algún momento el silencio como una «actitud políticamente cobarde. Es un sentimiento mío, pero también de muchos andaluces y andaluzas». Barberá intervino para pedirle que sosegase el tono porque «si hubiese sido el primero en venir a comparecer, usted seguramente estaría más relajada».

Por su parte el PSOE, que una vez más desistió de realizar oralmente las cuestiones para entregarlas en papel y que durante la tensa intervención de Doblas no llamó la atención a la presidencia en momento alguno, sí lo hizo al hablar la portavoz popular, Teresa Ruiz-Sillero, de «pacto de silencio» entre los comparecientes. Todo ello generó un agrio debate entre las portavoces de PSOE y PP que el presidente, Ignacio García, trató, infructuosamente, de frenar.

Finalmente Agustín Barberá finalizó con idéntico esquema que anteriores comparecientes en la comisión, lamentándose de no poder responder a las cuestiones ante las señorías. Cabe recordar que Barberá se encuentra incluido en la investigación judicial que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya, quien le imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.

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Licenciado en Periodismo y Máster en Sociedad, Administración y Política, puso en marcha el 'Proyecto Deguadaíra', germen de Sevilla Actualidad. Ha pasado por El Correo de Andalucía, Radio Sevilla-Cadena...