OPINIÓN A la Comisión… por obligación
La primera jornada en la comisión que investiga en el Parlamento andaluz los presuntos ERE irregulares deja tres comparecencias prácticamente sin respuestas.
Era una de las intervenciones más esperadas. Pero ha servido para poco. El ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, al igual que esta mañana hicieran el ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado socialista andaluz, Ramón Díaz, y Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. Los tres se han acogido a su derecho a no declarar y únicamente han expresado su postura. Fernando Mellet ha declarado sentirse víctima “de una persecución personal” fruto de “una batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder”.
Así lo ha declarado en la primera jornada de la comisión que investiga en el Parlamento de Andalucía el caso de presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía en la última década.
Mellet, que no ha respondido a las preguntas de los dos grupos parlamentarios –PP e IU, ya que el PSOE no realizó las preguntas oralmente como acordó la misma comisión-, ha insistido en que no ha tenido “responsabilidad política ni administrativa en administración alguna». Con todo, cabe recordarse que sigue imputado en los cuatro sumarios relacionados con Mercasevilla, origen de la trama destapada en las ayudas sociolaborales concedidas, presuntamente, de forma irregular.
«No tuve ninguna capacidad de decisión o de actuación desde un punto de vista político o administrativo», ha reiterado, al tiempo que ha dicho que “se han obtenido unas altas cotas de poder tras la difusión mediática de los contenidos de la investigación, que han sido utilizados para dañar mi imagen y mi profesionalidad, sin respetar mi presunción de inocencia».
Mellet, que ha dicho sentirse «vilipendiando» y «víctima de un escarnio público» contra su persona, ha explicado que está intentando, mediante un recurso al Tribunal Constitucional, que el contenido de la grabación no tenga validez, al suponer «una gravísima vulneración de derechos fundamentales sobre mi persona».
Sin embargo, y pese a que no ha respondido las preguntas de los grupos, tanto PP como IU las han formulado, repitiendo el esquema seguido en las comparecencias del turno de la mañana. Así, el PSOE ha preferido entregárselas a la Presidencia de la comisión para que Mellet las conteste, posteriormente, por escrito. Sin embargo el presidente, Ignacio García, ha recordado hasta en tres ocasiones a los representantes del grupo socialista que la comisión acordó la oralidad de la misma.
Tres comparecencias sin respuestas
El turno se comparecencias se ha abierto con la presencia de Ramón Díaz, quien fuera asesor de la Consejería de Empleo. Díaz ha dado lectura a un comunicado en su primer turno de intervención y ha declinado contestar las preguntas formuladas por los Grupos parlamentarios.
El ex diputado del PSOE-A, ha defendido su «más absoluta inocencia», insistiendo en que, durante los cuatro años en los que trabajó en el departamento, sus actuaciones siempre tuvieron lugar «bajo el paraguas de la legalidad».
Cabe recordarse que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le atribuye una «activa participación» en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.
El exdiputado socialista ha asegurado que «soy o debo ser la persona con menos responsabilidad política» de cuantas han sido citadas para comparecer. Ha reiterado que es la persona «con menos capacidad institucional, por cuanto siempre he carecido de poder de decisión en el desarrollo de mis funciones”, en relación a los ERE y ayudas sociolaborales.Después de su primera intervención, Díaz solicitó abandonar la sesión, opción que fue rechazada tras una deliberación de la comisión.
Tras Ramón Díaz ha comparecido ante la comisión Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, que como el anterior compareciente ha leído un comunicado y ha rehusado contestar a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios de IU y PP -el PSOE de nuevo rechazó preguntar oralmente argumentando que las pasaría por escrito, recordándole de nuevo Ignacio García los acuerdos de la comisión-.
El ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era «un simple jefe de servicio de los cuatro que había.Jamás he sido asesor ni intermediario en ningún expediente sometido a investigación, como erróneamente ha aparecido en los medios de comunicación», negando tener «amistad o relación» con algunos de los beneficiarios de ayudas.