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El Gobierno autonómico dice que la nueva estructura será «más austera, eficaz y eficiente» y cumple con el objetivo de «profesionalizar los servicios que se prestan a la sociedad”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de la nueva Administración periférica de la Junta de Andalucía. Esta norma, que se enmarca en los objetivos de reducir el déficit público y mejorar la eficiencia de los recursos públicos, supondrá una disminución del 50% en el número de altos cargos en las provincias respecto a la anterior legislatura, al pasar de 97 a 49, así como un ahorro económico anual de alrededor de 2,7 millones de euros.

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha valorado que la nueva organización periférica persigue dotar a la Junta de una «administración más austera, eficaz y eficiente», y cumple con el objetivo de «racionalizar económica y administrativamente la estructura y profesionalizar los servicios que se prestan a la sociedad, confiando mayor peso técnico a las estructuras de las delegaciones del Gobierno y a los delegados territoriales».

Díaz ha destacado que la aprobación de la nueva administración periférica supone un «cumplimiento» del compromiso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, antes de alcanzar «los primeros cien días de gobierno». Según la consejera, este compromiso llega en un momento «en el que los ciudadanos quieren una administración más austera y más eficiente» y que va a ofrecer un servicio «más profesionalizado y cercano» a la población.

Se trata, en palabras de la consejera, de una estructura que ha necesitado de un «ajuste normativo que no ha sido fácil» ya que precisaba de una modificación de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que se llevó a cabo en el último pleno ordinario del Parlamento. En este sentido, ha garantizado que esta adaptación legal «hoy nos permite afrontar la nueva organización con toda la seguridad jurídica».

Modelo de organización

El decreto establece un modelo de organización que conjuga la vigente estructura de las delegaciones del Gobierno de la Junta con la figura novedosa de las delegaciones territoriales. Estos centros directivos, cinco por provincia, gestionarán por áreas temáticas competencias hasta ahora desarrolladas por las delegaciones de las distintas consejerías.

Tres de las nuevas delegaciones territoriales ejercerán en la provincia las competencias de los departamentos del Gobierno andaluz con mayor carga de gestión: Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y Salud y Bienestar Social. Las otras dos aglutinarán servicios y asumirán la representación de cuatro consejerías: Educación, Cultura y Deporte por un lado y Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio por el otro.

Las delegaciones territoriales ostentarán la representación y asumirán los servicios periféricos de las consejerías a las que estén vinculadas, además de ejercer la jefatura del personal delegado.

En cuanto a las delegaciones de Gobierno de la Junta, el decreto potencia su papel como primera autoridad de la Administración autonómica en las provincias. Cada una de ellas contará con una oficina de la Vicepresidencia de la Junta y, además, integrará los servicios periféricos de las consejerías de Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior, y Hacienda y Administración Pública.

Finalmente, el decreto aprobado por el Gobierno andaluz crea la figura de las Secretarías Generales Provinciales, que serán los órganos sectoriales de las distintas consejerías en la Administración periférica y cuyas personas titulares se designarán entre funcionarios de carrera. Estas entidades dependerán de las delegaciones territoriales o directamente de las del Gobierno de la Junta en los casos de Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior, y Hacienda y Administración Pública.

Tras la reorganización de la Administración periférica aprobada, la Junta de Andalucía ha reducido en un 30% el número de sus altos cargos respecto al inicio de la anterior legislatura. A los 29 suprimidos en los servicios centrales se suman ahora los 48 en las provincias, lo que supone un ahorro global de 6,7 millones de euros anuales.

Aprobado el límite máximo de gasto no financiero

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013, trámite previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada tras la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Entre otras obligaciones, esta Ley Orgánica establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales deben aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marque el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.

El Consejo de Gobierno ha establecido el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto para 2013 en 21.323,26 millones de euros. De esta cantidad se excluyen las transferencias vinculadas a la financiación de las Corporaciones Locales (por participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad). Tampoco incluye las transferencias finalistas procedentes de otras Administraciones Públicas (por fondos europeos, de las Administración General del Estado o por el Fondo de Compensación Interterritorial).

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Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, empezó en la comunicación local y actualmente trabaja para laSexta. Máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, es miembro...