El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, comparecerá en la comisión de investigación el día 1, junto a Gaspar Zarrías. Javier Arenas y Eduardo Zaplana, un día después.
Ignacio García, presidente de la Comisión de Investigación sobre las ayudas sociolaborales afectadas por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía durante el período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010, ha informado hoy a los medios de comunicación de la ordenación de las primeras veinticinco comparecencias que se van a llevar a cabo en el seno de la comisión.
De esta forma, la ronda se inicia el próximo día 23 de julio con la presencia del ex asesor de la consejería de Empleo, Ramón Díaz, el asesor de la misma consejería, Antonio Diz-Lois y Fernando Mellet, exdirector de Mercasevilla. Los últimos en comparecer serán Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, y el actual presidente, José Antonio Griñán, que lo harán el 3 de agosto.
El formato de las comparecencias será de pregunta-respuesta, comenzando de menor a mayor grupo parlamentario. Asimismo, Ignacio García ha indicado que su orden obedece a un deseo de empezar con las personas que estuvieron ligadas a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y, por último, los miembros de la Administración del Estado y de la presidencia de la Junta de Andalucía.
Un calendario “imposible de cumplir”
Para el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, «el rodillo de PSOE e IU quieren imponer un calendario imposible de cumplir» en la comisión de investigación de los ERE, tras conocerse que ambos grupos quieren agrupar todas las comparecencias en diez días entre el 23 de julio y el 3 de agosto.
Rojas aseguró que PSOE e IU «no persiguen conocer la verdad, sino que la comisión se despache cuanto antes», ya que la precipitación de las comparecencias va a impedir que se pueda analizar toda las documentación que se ha solicitado e, incluso, «no sabemos si tendremos toda la comunicación antes de que se inicien las comparecencias».
«Estas comparecencias exprés tratan de impedir que se conozca la verdad y así no se puede trabajar», dijo.
El portavoz popular consideró «un disparate la actitud política sectaria de IU», que es una falta de respeto al Parlamento y un «atropello a los derechos de los diputados.»
Explicó que el Partido Popular ha presentado un escrito pidiendo la convocatoria extraordinaria y urgente para decidir un nuevo calendario, ya que el propuesto por PSOE e IU es «impuesto, unilateral y sin consenso».
Rojas concluyó que «se ponen límites a la investigación para no conocer la verdad, del mismo modo que se ponen cortapisas para que no llegue toda la documentación pedida por el PP y se quitan de en medio comparecientes que son clave».