Entiende que la norma estatal invade competencias y vulnera principios constitucionales al cambiar el concepto de ciudadanos con derechos por el de asegurados.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud, por vulneración de principios constitucionales e invasión de competencias autonómicas.
A juicio del Gobierno andaluz, el artículo 1 de la norma estatal cambia el concepto de ciudadanos con derecho a la salud por el de asegurados o beneficiarios, atentando así contra uno de los principios básicos de la Carta Magna, recogido en su artículo 43. Esta alteración afecta a los derechos constitucionales reconocidos y perjudica especialmente a los inmigrantes y a los colectivos más desfavorecidos.
Asimismo, el artículo 1 del Real Decreto-Ley invade competencias de la comunidad autónoma andaluza y vulnera diversos preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía, como los relativos al derecho a la protección de la salud (que se extiende a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía) o la prohibición de cualquier discriminación en el ejercicio del mismo, «particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (artículos 12, 14 y 22).
En su acuerdo de autorización del recurso, el Consejo de Gobierno señala que el Real Decreto-Ley elimina el espacio de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas y vulnera las competencias reconocidas en el Estatuto andaluz al centralizar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y control de la condición de beneficiario o asegurado.
Respecto a la prestación farmacéutica, la norma estatal también vulnera la distribución de competencias entre la Administración central (establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad) y la Comunidad Autónoma, que en virtud del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía tiene atribuciones exclusivas en materia de regulación de la actividad farmacéutica. En este sentido, el Real Decreto-Ley incluye normas sobre los medicamentos que tiene que dispensar el farmacéutico sin dejar margen para la comunidad autónoma.
Finalmente, el Real Decreto-Ley impacta sobre la organización al establecer que el Estado pueda imponer a las comunidades autónomas, y de forma unilateral, un sistema obligatorio de integración del personal funcionario que presta sus servicios en instituciones sanitarias.
“Preocupación” ante nuevos ‘recortes’
Mientras tanto, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha expresado la «profunda preocupación» existente en la Junta ante el anuncio del Gobierno central de aplicar nuevos recortes, que se traducirán en «más sacrificios» para los ciudadanos y «más depresión» para la economía. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha considerado que estas «nuevas medidas económicas difíciles» avanzadas por el Ejecutivo contribuirán a «empeorar la calidad de vida de los ciudadanos, empobrecer la calidad de los servicios públicos, estrangular la economía y crear más paro».
Vázquez se ha referido así al anuncio de una subida del IVA para algunos artículos, una medida que, ha destacado, no redundará en la recuperación de la situación económica. «Con recortes sólo no se avanza», ha manifestado el portavoz, que ha rechazado que el mayor «peso» para la salida de la crisis vuelva a recaer «en las espaldas de las clases medias y trabajadoras de Andalucía». Así, ha subrayado que, a la subida del IVA en «productos de primera necesidad», se suma una amnistía fiscal «injusta e insolidaria».
«No creemos que éste sea el camino», ha subrayado el portavoz, que ha trasladado la convicción del Gobierno andaluz de que la salida a la actual situación debe pasar por medidas de impulso económico, no por ajustes que «intentan debilitar los servicios públicos» y «ponen en solfa» el Estado del Bienestar.
No obstante, ha señalado que la comunidad asume «por responsabilidad» y «por imperativo legal» los recortes impuestos por el Ejecutivo central, pese a considerarlos «insolidarios, injustos y dolorosos», y ha recordado que las actuaciones contenidas en el Plan de Reequilibrio para Andalucía corresponden en un 90% al Gobierno, que las impone a las autonomías.
«Somos responsables y cumplimos con las normas básicas del Estado», ha aseverado, al tiempo que ha reiterado que «ningún miembro del Consejo de Gobierno» está de acuerdo con unas medidas que «sólo contribuyen al sufrimiento y la angustia» de los ciudadanos y no resuelven el «principal problema de España y Andalucía, que es el paro».