Las operaciones aprobadas son préstamos bancarios con el Instituto de Crédito Oficial, con un tipo de interés variable, y un plazo hasta un máximo de diez años, con dos de carencia.
El Consejo de Gobierno ha autorizado operaciones de endeudamiento, por valor de 2.699,65 millones de euros, para el desarrollo del plan de pago de facturas pendientes a proveedores, mecanismo extraordinario de financiación que fue acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas el pasado 6 de marzo.
Las operaciones aprobadas son préstamos bancarios con el Instituto de Crédito Oficial, con un tipo de interés variable, y un plazo hasta un máximo de diez años, con dos de carencia.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha destacado tras el Consejo de Gobierno que este programa al que se ha acogido Andalucía conlleva un «endeudamiento adicional» para lograr el ajuste contable. Asimismo, ha anunciado que el ICO notificará las entidades con las que se suscribirán los contratos para que los pagos a los proveedores puedan empezar a abonarse antes del 30 de junio.
La defensa del Estado del Bienestar y unas cuentas saneadas son “compatibles”
Mientras tanto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido que es posible hacer «compatibles» la defensa del Estado del Bienestar y el mantenimiento de unas finanzas saneadas, tal y como se pone de relieve en la comunidad.
Durante su intervención tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se ha dado luz verde al Decreto-Ley de Medidas para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta, Vázquez ha trasladado la apuesta del Ejecutivo autonómico por garantizar la estabilidad y el respeto a los servicios públicos, y ha recordado que existen indicadores -como los relativos a la atención a la dependencia y a la deuda- que lo así lo demuestran.
El portavoz del Gobierno ha señalado que el Observatorio de la Dependencia sitúa a Andalucía a la cabeza del resto de las regiones en el desarrollo de este sistema. Tras reiterar que la comunidad tiene «como referencia» la defensa del Estado del Bienestar, Vázquez ha indicado que la aplicación de la dependencia ha recibido un «notable alto», y ha precisado que, en el último año, se ha incrementado en un 4,16% la población protegida. De hecho, ha explicado que Andalucía cuenta con 110.000 personas más atendidas que en Madrid y Valencia juntas, aunque ambas comunidades suman tres millones más de habitantes que la primera.
En lo relativo a la deuda de Andalucía, que el Banco de España ha vuelto a situar «muy por debajo» de la media, Miguel Ángel Vázquez ha explicado que otras comunidades como la Valenciana, Cataluña o Madrid representan un 56% del total. Así, atendiendo a su PIB, ha declarado que Andalucía presenta una deuda de un 10,6%, frente al 21% de Cataluña y el 20,2% de Valencia.
A juicio de Vázquez, estos datos demuestran que el gasto público «no es el problema» y que, por el contrario, la «política de recortes» impuesta por el Estado y la Unión Europea sólo causa «sufrimientos» a los ciudadanos. «No consigue hacer que la economía funcione y se genere empleo», ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que «esta mal entendida austeridad» no ayudará a combatir el paro, que ha calificado como el «principal problema de España y Andalucía».
Frente a estas «líneas erróneas que estrangulan el crecimiento económico», el portavoz ha destacado que el plan de reequilibrio trazado por Andalucía, en un ejercicio de «responsabilidad» con el Gobierno, blinda los servicios públicos, no conlleva privatizaciones y busca el mantenimiento del mayor empleo posible. El portavoz ha subrayado que las líneas aprobadas, con carácter «temporal y transitorio», contemplan un «sacrificio compartido» para redistribuir los ingresos y asegurar el trabajo a más de 24.000 empleados públicos.
Finalmente, ha hecho un especial hincapié en la negociación y búsqueda de acuerdo con los sindicatos que ha guiado la elaboración de esta norma, que ha supuesto la introducción de modificaciones en algunos aspectos.