Aunque el Gobierno lo enmarca en su proceso de reestructuración, le sustituirá Javier Castro Baco, nuevo director general de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía.
La Junta ha hecho esta mañana oficial el cese del hasta ahora director general de Empleo, Daniel Rivera, en su habitual reunión del Consejo de Gobierno de los martes. Le sustituirá Javier Castro Baco, que se colocará al frente de la nueva Dirección General de Relaciones Laborales.
De esta forma, y según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, el cese del imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga la juez Alaya se enmarca en el proceso de reestructuración de la administración andaluza que, por lo demás, ha dado hoy un nuevo paso.
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado las estructuras orgánicas de las consejerías de Educación y de Hacienda y Administración Pública. Los nuevos organigramas, que cierran el proceso de reestructuración de los servicios centrales de la Junta de Andalucía, refuerzan especialmente los ámbitos de la política financiera y la Formación Profesional.
Vázquez ha precisado que, tras la aprobación de estas nuevas estructuras, los servicios centrales de la Junta de Andalucía experimentan una reducción de altos cargos de un 16%, al pasar de los 189 que había al inicio de la pasada legislatura a los 160 de ésta.
Esta disminución en 29 puestos directivos supondrá un impacto de casi cuatro millones de euros en el capítulo I del Presupuesto de la Junta -correspondiente a gastos de personal- y pone de manifiesto, según Vázquez, el «considerable esfuerzo» del Ejecutivo autonómico por ofrecer «las mismas prestaciones a los ciudadanos con menos efectivos». Comparado con el organigrama de la Junta a finales de la pasada legislatura, la reducción se sitúa en 11 altos cargos y un ahorro de 1,6 millones de euros. Asimismo, el portavoz ha destacado que se trata de una nueva estructura «más ágil, cercana al ciudadano, operativa y eficiente».
En la Consejería de Educación la principal novedad es la creación de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, que nace con los objetivos de reforzar estas enseñanzas, avanzar en la integración de ambas, incrementar la proporción de personas adultas que continúan en el sistema educativo, mejorar su cualificación y ofrecer una formación más ajustada a las necesidades del mercado de trabajo.
El nuevo centro directivo coordinará las direcciones generales de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente y de Formación Profesional para el Empleo. Esta última será la encargada de gestionar las competencias sobre la materia recibidas de la extinta Consejería de Empleo.
La formación del profesorado tendrá un papel relevante con la creación de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. El nuevo centro directivo asumirá las atribuciones que en esta materia ejercía la antigua Dirección General de Participación e Innovación Educativa, además funciones del ámbito de la innovación como el impulso a los centros bilingües, el fomento de la cultura emprendedora y la promoción de la lectura.
Por su parte, las competencias de participación pasan a la nueva Dirección General de Participación y Equidad, que continuará con el desarrollo del modelo de escuela pública integradora e inclusiva y con las políticas de gratuidad de libros de texto, ayudas al estudio, becas y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo.
Finalmente, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa mantiene sus competencias en ámbitos como la mejora de los rendimientos escolares o el objetivo de disminuir la tasa de abandono educativo. Como novedad, su titular asumirá la dirección de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Que los ciudadanos “no paguen las pérdidas de la banca”
Por lo demás, la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central que el rescate financiero solicitado al Eurogrupo, que supondrá que España reciba hasta 100.000 millones de euros, no repercuta en los ciudadanos, y ha abogado por que la población no tenga que verse obligada a pagar «las pérdidas de la banca».
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha valorado que la concesión de esta línea de crédito para los bancos se produce ante una situación de «crisis» derivada de la incapacidad para financiarse, y ha subrayado que se trata de una «operación de salvamento» como consecuencia de la delicada situación del sector.
Vázquez ha expresado el rechazo de la Junta a que los ciudadanos terminen asumiendo el rescate al sector bancario, y ha considerado que, con esta medida, se endeudan «todos los españoles». «El rescate supondrá obligaciones y compromisos que no pueden pagar los ciudadanos», ha aseverado el portavoz, que ha instado al Gobierno a que esta línea de financiación no conlleve obligaciones para la población.
«No es soportable que el rescate suponga más recortes y más subidas de impuestos», ha destacado Vázquez, que ha precisado que esto redundaría en el agravamiento de «la depresión económica» del país.
En este sentido, ha recordado que España recibirá el dinero y será el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el organismo que lo administrará para atender las necesidades de las «entidades financieras en apuros», lo que convertirá a todos los ciudadanos en «corresponsables».
Por todo ello, ha incidido en que «Andalucía va a defender que no se socialicen las pérdidas de la banca» y ha apostado por que, por el contrario, este rescate sirva para solucionar algunos de los principales problemas que afectan a los ciudadanos, como la situación de las hipotecas, las participaciones preferentes y el flujo del crédito para pequeñas y medianas empresas y para las familias, con el objetivo de que aumente el consumo y se estimule la economía.
El portavoz ha expresado también el convencimiento del Gobierno andaluz de que la solución a esta crisis «llega tarde». Así, ha recordado que la Junta de Andalucía defiende desde hace años que el origen real del problema surge más del «endeudamiento privado que del déficit de las administraciones públicas», y ha sostenido que ello ha conducido a una «equivocada política económica» en el país, basada en «ajustes brutales».
«La austeridad no lleva a ningún sitio», ha apostillado, al tiempo que ha apuntado que es el momento de impulsar «políticas de crecimiento económico y de creación de empleo», porque «debilitar el gasto público generará más paro y menos crecimiento».
Finalmente, ha llamado al Gobierno central a hacer un ejercicio de «transparencia» que permita explicar a los ciudadanos, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, las condiciones en que se produce el rescate, y ha solicitado la unión de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para realizar un «esfuerzo compartido» que permita afrontar esta situación.