Recuerda que es una reivindicación de la entidad y presenta sus líneas prioritarias de actuación.
La Federación de Asociaciones de Consumidores de Andalucía, FACUA, se ha felicitado por la creación de una Secretaría General de Consumo, algo que entiende la asunción por parte del Gobierno andaluz de una “reivindicación” histórica de la entidad.
En nota de prensa, Facua dice que, con esta decisión, “se eleva en el organigrama de la Junta el rango de las políticas de protección al consumidor, anteriormente dependientes de una Dirección General”.
En este sentido, la entidad valora “positivamente” la “respuesta que ha dado a su petición el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de cuya Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales dependen las políticas de Consumo”.
“Valderas ha cumplido el compromiso de elevar el rango de las políticas de protección a los consumidores que asumió en su discurso durante la inauguración del 7º Congreso de Facua Andalucía el pasado 18 de mayo y reiteró diez días después en la primera reunión institucional que mantuvo con la presidenta y el secretario general de la Federación, Olga Ruiz y Rubén Sánchez”, recuerda.
En este sentido, Facua Andalucía ha trasladado ya al vicepresidente de la Junta de Andalucía las que considera que deberían ser las prioridades en la protección de los consumidores durante los primeros meses del nuevo Gobierno.
Entre ellas, el incremento del control del mercado y la aplicación de sanciones proporcionales a las dimensiones de los fraudes que sean detectados. En relación a las multas por abusos y fraudes masivos, la entidad demanda “transparencia, ya que los consumidores tienen derecho a conocer qué empresas vulneran sus derechos y cómo son sancionadas”.
Otra de las cuestiones prioritarias es “que aumente la participación de los representantes de los consumidores en el desarrollo de las políticas de Consumo y en la elaboración de normas que afecten a sus derechos desde el inicio de su gestación”.
La Federación ha demandado a Valderas “que garantice que la protección de los consumidores se convierta en una política social prioritaria y las dote de transversalidad para que sean asumidas en el conjunto de consejerías del Gobierno andaluz”.
Asimismo, espera que el Gobierno “comience a impulsar con la mayor inmediatez el desarrollo del I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que el anterior Gobierno firmó el 30 de enero con el movimiento de consumidores”.