Los nuevos organigramas reducen en un 16% el número de altos cargos de los servicios centrales respecto al inicio de la pasada legislatura.
El Consejo de Gobierno ha aprobado las estructuras orgánicas de nueve consejerías de la Junta de Andalucía. Estos organigramas se adaptan al objetivo central de mejorar y aumentar la eficiencia del sector público administrativo de la comunidad autónoma, tras la reorganización establecida en el Decreto del Presidente del pasado 5 de mayo, que redujo de 13 a 11 el número de consejerías.
Las nuevas estructuras corresponden a las consejerías de la Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte.
Aun sin contar los dos organigramas que quedan pendientes (Educación y Hacienda y Administración Pública) ni la reforma de la Administración periférica, la reorganización aprobada supone una reducción del 16% en el número de altos cargos en servicios centrales respecto al inicio de la anterior legislatura en 2008. Estos puestos, que integran el personal nombrado por el Consejo de Gobierno, pasan de 189 a 159. Incluyendo el personal eventual de los gabinetes, la reducción supone un impacto económico de casi cuatro millones de euros en el capítulo 1 de gastos del Presupuesto de la Junta. En relación con la estructura anterior a la formación del nuevo Gobierno, esta reducción se cifra en un 9,3% y un ahorro de 1,6 millones de euros.
A grandes rasgos, las nuevas consejerías creadas a partir de las fusiones mantienen o simplifican los organigramas heredados. En la Consejería de la Presidencia e Igualdad la principal novedad es la incorporación de las competencias en materia de juventud e igualdad entre hombres y mujeres, procedentes de la antigua Igualdad y Bienestar Social, con el consiguiente traspaso del Instituto Andaluz de la Juventud y del Instituto Andaluz de la Mujer. El número de órganos no se incrementa y únicamente se modifica la categoría del Portavoz del Gobierno, que pasa de Dirección General a Secretaría General.
Otra novedad en Presidencia e Igualdad es la incorporación de las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias y de la Subdelegación en el Campo de Gibraltar, anteriormente adscritas a la extinta Gobernación y Justicia. El resto de la Administración periférica de la Junta quedará perfilada próximamente con un esquema basado en cinco delegaciones sectoriales por provincia.
La nueva Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, vinculada a la Vicepresidencia, configura su organigrama con las competencias asignadas en Administración local, recuperación de la Memoria Histórica y voluntariado y participación social (anteriormente en Gobernación y Justicia); cooperación al desarrollo (antes en Presidencia), y consumo (antes en Salud). Estas últimas políticas suben de rango y contarán con una Secretaría General.
Justicia e Interior mantiene las competencias de la antigua Consejería de Gobernación y Justicia en los ámbitos de Justicia; policía, seguridad, Protección Civil, emergencias y espectáculos públicos y actividades recreativas. Asume además las políticas migratorias (anteriormente en Empleo) y las competencias en violencia de género (antes en Igualdad y Bienestar Social). Entre otras novedades, su organigrama refleja el impulso a la implantación de la Oficina Fiscal, que soporta la actividad del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, la anterior Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación pasa a llamarse de Oficina Judicial y Fiscal.
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo modifica la estructura heredada del anterior departamento de Economía, Innovación y Ciencia para incorporar la mayor parte de las competencias de la desaparecida Consejería de Empleo e integrar en su organigrama al Servicio Andaluz de Empleo.
La Consejería de Fomento y Vivienda hereda la mayor parte de la estructura de la anterior Obras Públicas y Vivienda. Diversos cambios en su organigrama reflejan las prioridades que el nuevo departamento concede a las políticas de rehabilitación, viviendas sociales y movilidad sostenible.
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aglutina las funciones que ejercían las dos consejerías hasta ahora encargadas de las políticas agrarias y medioambientales. Además, asume las competencias de urbanismo y ordenación territorial procedentes de la antigua Obras Públicas y Vivienda, que pasan a configurar la tercera gran área de gestión del nuevo departamento.
La Administración sanitaria andaluza introduce algunos cambios para reforzar su relación con las áreas sociales más directamente vinculadas a prestaciones y servicios, anteriormente encuadradas en la antigua Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. La nueva Consejería de Salud y Bienestar Social asume de este modo competencias en infancia y familias; personas mayores; personas con discapacidad; atención a la dependencia, y servicios sociales.
Las modificaciones de las restantes estructuras orgánicas vienen motivadas por redistribución de las competencias entre las nuevas consejerías de Turismo y Comercio y de Cultura y Deporte.