El Promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes el archivo de las diligencias informativas abiertas a la juez María Núñez Bolaños tras no apreciar en su actuación la comisión de ninguna de las faltas disciplinarias, graves y muy graves que la Fiscalía Anticorrupción le atribuía en la tramitación de las distintas piezas del caso ERE.
La resolución ya ha sido notificada a la jueza Núñez Bolaños como al Ministerio Fiscal. En la argumentación de la Acción Disciplinaria, se sostiene que «no cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada». El Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó en julio de 2019 una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María de los Ángeles Núñez Bolaños, por el «retraso injustificado» en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA.
A juicio del informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial, «la instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables».
El informe se remite a «la reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo» para aportar argumentos de este órgano, que ha indicado, en relación a la dilación en la instrucción de una causa, que «para atribuir a un juez o magistrado ilícitos disciplinarios derivados de incumplimientos temporales debe resultar inequívocamente demostrado que el retraso o la simple inobservancia temporal se deba a la pasividad intencional o al descuido del juez o magistrado».
El informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial constata «la existencia de demoras», de las que esgrime «no denunciadas entonces» y que sitúa «en la última parte del año 2016 y en parte del año 2017».
El informe apunta que ese momento temporal «coincide» con el momento en el que la magistrada «recibió un mayor número de informes policiales derivados de las diligencias iniciales» que se tradujeron en «la apertura de cerca de doscientas piezas separadas, también de gran complejidad».
Sobre el contexto en que se desarrolla el trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el informe apunta que «se encuentra en una situación excepcional desde que en 2011 se incoaron las diligencias previas que han dado lugar al caso ERE».
El informe disculpa al juzgado de las dilaciones por cuanto percibe como «fuente inevitable de retrasos, la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y con el diseño vigente del proceso penal».
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial califica como «eficaz y exhaustivo, el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas», por lo que concluye que «la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas».
En el informe del Promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección del CGPJ se alude a «la profunda discrepancia del Ministerio Fiscal con numerosas decisiones de la juez instructora», diferencias que considera «quedan fuera del ámbito de actuación del órgano de gobierno de los jueces» tras argumentar que «no puede analizar el acierto del criterio judicial plasmado en los pronunciamientos dictados».