El presidente de la Junta ha insistido en que «estamos recorriendo un camino con unas reglas que no son buenas para el conjunto de los españoles y que son malas para el conjunto de los andaluces».
«Estamos atravesando -ha expuesto- los momentos más difíciles y complejos de esta crisis económica, hemos entrado en recesión y sólo en los primeros cuatro meses de este año se han perdido 4.158 empleos diarios, 785 de ellos en Andalucía». Para atajar ese panorama, el presidente andaluz ha insistido en que «limitarse a reducir el gasto público no mejorará la situación económica. Es necesario unir a esa política otra que estimule la creación de empleo». Para ello, ha planteado «un gran pacto de Estado» que fije una posición común de todas las fuerzas políticas y los agentes sociales de forma que «fortalezcamos el valor España».
Griñán ha insistido en que «el déficit no es el problema principal. El más urgente es resolver el desempleo», y ha reiterado su desacuerdo con el reparto del techo de déficit estipulado por el Gobierno, según el cual la mayor parte del sacrificio recae sobre las autonomías pese a que fue la Administración General del Estado la que cerró 2011 con mayor volumen de déficit. Dicho reparto «perjudica no tanto a las comunidades autónomas o los partidos políticos, sino a los ciudadanos, porque afectan a las políticas que desarrollamos las autonomías: sanidad, educación y servicios sociales».
En este sentido, el líder del Ejecutivo andaluz ha exigido al Gobierno central que rectifique el presupuesto de partida a la hora de plantear los ajustes de las autonomías. «Se está haciendo en función del PIB, no de la población, y eso provoca inequidades muy claras entre las comunidades autónomas», ha denunciado. Es por esto que a Andalucía, pese a tener menor nivel de endeudamiento que otras comunidades y a presentar en 2011 un déficit algo superior al de la media nacional, se le ha exigido un mayor esfuerzo (del 20%), cuando por población le correspondería hacerlo por un 14,9%.
Griñán ha comparado los esfuerzos de contribución al control del déficit de autonomías como Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Valenciana, las tres con endeudamientos muy superiores al andaluz, para evidenciar «lo injusto» del sistema de reparto del déficit por PIB y no por población. «Según esto, se le da más límite de endeudamiento a las comunidades que están más endeudadas», ha agregado.
«Si se aplicara el reparto por población, Andalucía habría tenido que hacer menos ajustes y podría, por ejemplo, haber prescindido de tocar las retribuciones de los empleados públicos», ha indicado.
Frente a este «agravio comparativo» que, según ha aclarado, no sólo penaliza a Andalucía, sino a otras comunidades como Galicia y Extremadura, ha planteado a su vicepresidente Diego Valderas abrir espacios de diálogo con el resto de fuerzas políticas en el Parlamento para defender ante el Estado el modelo de distribución de déficit por población y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.
Sobre la crisis, ha pronosticado que en cuanto los bancos vuelvan a prestar dinero a las empresas, «España crecerá rápidamente» porque es un país «capitalizado».
“Otro modelo es posible”
Griñán ha subrayado que, con el Plan de Reequilibrio Financiero elaborado y validado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera por el Estado, el Gobierno andaluz ha intentado ajustarse a sus compromisos de déficit y estabilidad presupuestaria tratando de menoscabar lo menos posible el Estado del bienestar, en especial la educación y la sanidad, y con la máxima de no privatizar servicios públicos esenciales y no despedir a ningún empleado público, aunque para ello se contemple una reducción de sus retribuciones.
«Queremos salvar el mayor volumen de empleo público posible», ha enfatizado el presidente andaluz, quien ha reconocido además el «enorme sacrificio» que se está pidiendo a los trabajadores públicos, dijo.
Griñán ha precisado que el Gobierno andaluz ha abierto con los sindicatos un proceso de negociación sobre la propuesta inicial de recortes del 5% a los funcionarios y del 15% a los interinos, concluyendo que «todo lo que sea que el resultado final nos permita ahorrar 777 millones se podrá estudiar». Dicho ahorro (777 millones) es consecuencia de la aplicación obligada del aumento de la jornada laboral desde las 35 a las 37,5 horas semanales.
Asimismo, ha insistido en que no habrá retroceso en el capítulo de educación. «Recorta en educación es un error y una afrenta a la igualdad de oportunidades», ha aseverado Griñán, quien sostiene que otro error es plantear una reducción del profesorado, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de cada tres alumnos que se incorporan cada año al sistema es andaluz, por lo que en Andalucía hay una mayor demanda de profesorados.
En este sentido, ha criticado «el esfuerzo presupuestario que nos obliga a hacer el Gobierno central» para poder mantener el nivel y no subir la ratio por alumnos en clase. Y ha puntualizado que «hemos podido salvar a unos 3.500 profesores interinos al no aplicar esta medida», si bien reconoce que cumplir el mandato del Estado de aumentar en dos horas lectivas la jornada de los docentes provocará «una disminución brutal en el número de contrataciones que se hagan». La estimación es que dejen de contratarse unos 8.327 profesores interinos.
Otra línea roja que se ha preservado al máximo de los ajustes presupuestarios es la sanidad. Griñán ha sido tajante a la hora de afirmar que «no habrá privatizaciones». El presidente ha alegado al respecto que «privatizar un hospital no supone un ahorro a menos que se reduzcan sus prestaciones», y de hacerlo, se está abriendo la puerta a acabar con la sanidad universal para sustituirla por «un concepto de aseguramiento» en el que las aseguradoras seleccionan los riesgos.