El Ejecutivo andaluz espera recaudar 1.000 millones con la subida de impuestos y recortará 2.500 millones de gasto público, 200 menos de los inicialmente previstos.
Subida de impuestos, bajada del sueldo de los funcionarios y céntimo sanitario. Sobre estos tres pilares se fundamenta el plan de ajuste de la Junta de Andalucía presentado esta mañana por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tras la habitual reunión de los martes del Consejo de Gobierno.
Un ajuste por el que se recortarán 2.500 millones de euros del presupuesto público autonómico y se recaudarán otros 1.000 millones. En total, 3.000 millones de euros y el ajuste más elevado en 30 años de autonomía con el que el Ejecutivo autonómico busca compensar la caída en los ingresos previstos y en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
Subida de impuestos. En este sentido, y para incrementar notablemente la partida de ingresos, se aumentarán ciertas figuras tributarias. En concreto, el tramo autonómico del IRPF subirá un punto a partir de los 60.000 euros, el Impuesto de Patrimonio lo hará en un 10%, y el impuesto especial de hidrocarburos –más conocido como ‘céntimo sanitario’- se duplicará, pasando de los 24 euros por cada mil litros actuales a los 48 euros por mil litros de gasolina, hasta alcanzar el tope. Sólo el de uso agrícola se mantendrá en su nivel actual.
No obstante, el Ejecutivo andaluz confía en que éste incremento de ingresos a través de subida de impuestos se vea acompañado de medidas contra el fraude fiscal y la optimización en la recuperación del adelanto de los fondos europeos. Aguayo también ha confirmado que mantendrá medidas ya puestas en marcha, como la venta y el alquiler de activos patrimoniales.
Con todas estas medidas, la Junta de Andalucía espera incrementar sus ingresos en 1.000 millones de euros, repartidos de la siguiente forma: 25 millones en la recaudación de 2014 por la subida del IRPF; 9 millones por el Impuesto de Patrimonio; 100 millones por tasas judiciales; 120 millones por el incremento en el ‘céntimo sanitario’ y 16 millones de euros más por la tasa sobre el juego.
Recortes a los funcionarios. En el capítulo de ‘recortes’ -o ajustes, como lo ha venido a llamar la consejera Martínez Aguayo-, varias son las claves del modelo económico presentado esta mañana.
Así, la jornada laboral de los empleados públicos pasa de las actuales 35 horas semanales a 37,5. Se aplica, pues, la normativa básica estatal. También se reducirá el número de las horas extraordinarias y se limitarán los complementos adicionales en las pagas extraordinarias de junio y diciembre. Esta medida entrará en vigor “de forma inmediata”, ha apuntado Aguayo, y se notará ya en la extraordinaria de este próximo mes de junio.
Sus retribuciones de carácter variable se reducirán un 10% y la jornada laboral de los interinos se recortará en un 15%, con la consecuente reducción en su salario.
Pero, además, se ejecutará una reestructuración de la administración de la Junta que ya se inició con la reducción –leve, pero reducción al fin y al cabo- en el número de consejerías. Se reducirá el número de altos cargos. Por ejemplo, los delegados de la Junta serán la mitad, seis: un delegado del Gobierno y cinco delegados territoriales. Sus nombres todavía se negocian y serán dados a conocer en los próximos días.
De igual modo, se procederá a equiparar los sueldos entre altos cargos de la Junta de Andalucía y, por ejemplo, la medida supondrá una bajada del 5% en el sueldo del actual presidente, José Antonio Griñán.
No quedan aquí los recortes y, así, se dejan en suspenso las retribuciones en concepto de ayuda al personal laboral, como los premios de jubilación, los permisos o los contratos de relevo, entre otros.
También se “armonizarán” las condiciones de trabajo en el sector público instrumental con las de la administración general “en aquellas cuestiones que puedan formalizarse por rango legal”, ha explicado Aguayo. Se refiere a ayudas, retribuciones y días de permiso, que pasarán a regirse por la misma normativa para el personal funcionario –ya se trate de interinos o personal laboral- y para el conjunto de empleados de las empresas públicas.
Destaca también la reducción de las ayudas a los sindicatos, algo que llevará aparejada la reducción del número de liberados sindicales.
El recorte en todos estos aspectos, incluidos en el Capítulo 1, alcanza los 777 millones de euros.
Profesores. En cuanto al profesorado, se incrementará la jornada lectiva, pero la consejera Carmen Martínez Aguayo ha garantizado que la ratio por alumno no se incrementará. De hecho, ha avanzado que este Decreto estatal será recurrido al Tribunal Constitucional, como también el que introduce el copago en la Sanidad. Ambos, dice la consejera, “invaden competencias autonómicas”.
Gastos ‘supérfluos’. Los capítulos 2 y 4 del plan de ajuste presentado esta mañana por la consejera de Economía y Hacienda incluyen recortes en otros gastos. Por ejemplo, los relativos a bienes y servicios de la administración pública, que se reducirán en un 10%.
Asimismo, el número de coches oficiales de altos cargos se reducirá a la mitad, y se eliminará la partida de protocolo, a excepción de los que afectan al presidente de la Junta y a los consejeros. La publicidad institucional también se recortará en un 50%, así como el presupuesto para reuniones, conferencias y cursos.
Con todo, destaca la disminución del gasto en personal docente e investigador, PDI, en las universidades públicas. Una medida a la que acompañará una reducción de titulaciones de grados y másteres, que afectará a los estudios menos demandados por los universitarios.
Finalmente, y con el propósito reconocido por Aguayo de “reducir el papel del Estado en la economía”, no se iniciará obra pública nueva “salvo que sea estrictamente necesaria”, ha aclarado.
Recortes “temporales”
El Plan de Ajuste de la Comunidad Autónoma andaluza tiene que ser aprobado ahora por el Gobierno central. De hecho, será remitido esta misma tarde al Ministerio de Hacienda, que debe dar su visto bueno antes de que, muchas de las cuestiones contempladas, sean trasladadas a rango de ley.
La consejera Martínez Aguayo, que ya ha pedido comparecer en el Parlamento para explicar todo su contenido, insiste en que no se puede hablar de eliminación, sino de “suspensión” de derechos. Y es que, según ha explicado, las medidas tienen un “carácter temporal” y los recortes serán “compensados y revertidos cuando la economía lo permita”. Todo, solicitando “un esfuerzo solidario del conjunto de trabajadores públicos”.
Martínez Aguayo se ha esforzado también en apuntar que estos recortes se realizan “por imperativo legal y por la aminoración de ingresos y la política del Gobierno central”. “Tenemos una aminoración de ingresos desproporcionada, además del ajuste que se obliga a hacer”, ha apuntado, al tiempo que ha recordado que son las comunidades autónomas las que prestan todos los servicios sociales básicos, como educación, sanidad y dependencia.
Con todo, la consejera ha garantizado que “vamos a cumplir con nuestros compromisos de déficit a pesar de las discrepancias con el Gobierno central”, pese a que “creemos necesario conciliar el ajuste con el estímulo porque la reducción del déficit no va a reducir, por sí sola, el grave problema del desempleo ni nos va a conducir a una senda de crecimiento”.