Transferencias directas, financiación, recursos propios y fiscalización. Sobre estos cuatro ejes, se han reunido hoy de forma telemática los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para dirimir el futuro de la misma con una propuesta encima de la mesa de casi dos billones de euros para un Plan de Recuperación sin precedentes (del que España recibiría más de 140.000 millones de euros) y un presupuesto a 7 años vista en el que la economía sostenible y la transformación digital son absoluta prioridad.
Sin grandes pretensiones, puesto que no se esperaba ninguna toma de decisión definitiva, el Consejo Europeo escucha con atención la propuesta de una Comisión consciente de que el devenir del proyecto común depende como nunca de una respuesta ajustada al impacto asimétrico en cada Estado miembro de una pandemia simétrica. Un borrador que genera, con matices, diversas posturas entre países del Norte, del Sur y del Este.
Un órdago de 750.000 millones de euros durante cuatro años.
La recuperación ha de ser el primer paso. Según Paz Guzmán, economista de la Representación de la Comisión Europea en España, el Banco Mundial estima que los países de la OCDE sufrirán una recesión de más del 10%. Una caída cuyo remonte no se estima hasta bien entrado el año 2021.
Por ello, opina que Europa necesita una fuerte inversión, “un momento Hamilton” en los primeros cuatro años tras el Covid-19 donde se apueste por una UE “verde, digital e inclusiva financiando una deuda común a largo plazo que se empezaría a pagar a partir de 2028”. El grosso de este fondo de recuperación, en torno a 684.000 millones de euros, se destinaría a dicha revolución sostenible 2.0 y el bloque restante, más de 500.000 millones, al nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para préstamos y financiación de proyectos complementarios.
El gran avance, con respecto a otras negociaciones, es que, a criterio de Paz Guzmán, las transferencias directas no reembolsables propuestas equivalen al 6% del PIB de España “recursos sin precedentes”.
Borrow to invest
“Borrow to invest”, con esta expresión anglosajona, explicaba en un foro organizado por el Real Instituto Elcano Isabel Riaño, directora adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la imperante urgencia de invertir en Europa para superar la crisis. “Una respuesta europea proveniente de la aportación proporcional que cada Estado miembro hará al presupuesto común dependiendo de su Renta Nacional Bruta”.
Asimismo, Riaño defiende que gran parte de los fondos de recuperación vayan a parar a los países que más sufren esta crisis, entre ellos, España “lo antes posible, evitando tácticas dilatorias”.
El Marco Financiero Plurianual… otro cantar
La idea de la Comisión Europea es que el presupuesto para el periodo 2021-2027 roce el 1,1 billón de euros, algo que los conocidos como países frugales (Dinamarca, Suecia o Países Bajos, entre otros) no ven con buenos ojos, algo por lo que, según Miguel Otero, analista de política internacional económica, no se puede condenar a quienes exigen una condicionalidad “muy razonable”.
Otero sostiene que los países del norte quieren y necesitan unos países del sur fuertes, pero que es lógico pensar que los presupuestos y el refuerzo para la recuperación estén condicionados a la presentación de planes eficientes por parte de los Estados cuyas reformas sean compatibles con las recomendaciones del Semestre Europeo.
A escasas semanas de que comience la presidencia alemana del Consejo de la UE, Otero se decanta por un “momento Merkeliano, más que Hamiltoniano” ya que Europa debe ser asumida como parte de los asuntos internos de España, no política exterior. “Necesitamos una apropiación del escenario europeo para las futuras generaciones”.
En este sentido, Miguel Otero subraya que la polarización política de España no ayuda a estrechar vínculos de confianza: “todas las voces que han criticado a Europa de uno y otro lado ahora pueden comprobar cómo en dos meses y medio se ha llegado a grandes acuerdos en 27 países, ¿cómo es posible que aquí no consigamos sacar adelante una Ley de Educación?”.
La PAC y los fondos de Cohesión, que hasta ahora conforman más de la mitad del presupuesto europeo, tendrán una clara conditio sine qua non, la inversión en I+D+i y rentas directas. Aun así, se espera librar una batalla en un terreno abonado quejas e intereses.
Sea como fuere, una de las claves de este presupuesto es la modernización del sistema productivo europeo y su autonomía estratégica, por lo que, todo aspecto que apoye dicha premisa, será bien acogido en cualquier punto de la UE.
Más técnicos y compromiso por parte de las comunidades autónomas
Miguel Otero hace hincapié en que, en un ejercicio de reflexión y autocrítica, España necesita formar mucho más y mejor a los técnicos y departamentos de fondos europeos de sus regiones. “No basta con quedarse en el qué hay de lo mío, perderíamos una oportunidad única de realizar reformas profundas y estructurales”.
España, dependiente del turismo en más de un 12% de su PIB, y con un Empleo dependiente de dicho sector que acaricia el 15% de la población activa, se encuentra ante una ocasión única de restar vulnerabilidad a su sistema económico. Quizás por ello, la mirada incrédula, aunque incómoda, de ciertos países europeos, no debiera ser interpretada como una amenaza, sino como un desafío en el que ganásemos todos.
Bloque comunitario, todos a una
Ante una crisis planetaria de dimensiones bíblicas, expresión con la que se ha referido en varias ocasiones el Alto Representante para la Acción Exterior de la Unión, Josep Borrell, Comisión y Parlamento Europeo han cerrado filas apoyándose mutuamente y formando un frente a posibles vacilaciones de distintos Estados miembros.
En esta línea, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, reconoce la ambición de la propuesta, pero insiste en que no se aceptará “ninguna concesión ni rebaja de la posición inicial…no podemos dejar a nadie atrás”.
Una sensibilidad que comulga con otras instituciones europeas como el Banco Central Europeo (BCE), quien desde el inicio de la crisis inyectó un billón de euros de liquidez, los 500.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad para empresas, trabajadores y Estados.
La próxima, y muy probablemente, definitiva cita, el 9 de julio. Ahí no solo se tomará nota, sino que habrá veredicto.