Considerar que el gobierno ya era conocedor de las irregularidades. Ha remitido al juzgado veintiuna partidas presupuestarias modificadas por el Consejo de Gobierno entre los años 2005 y 2011.
El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, afirmó hoy que su formación ha registrado dos escritos al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para solicitar que se exija al gobierno andaluz que cumpla con los autos de la juez relacionados con la remisión de información sobre las modificaciones presupuestarias que le afectan y vinculan en la aprobación del ‘fondo de reptiles’ que está siendo investigado por el juzgado.
Sanz explicó que en uno de los escritos el PP pide que se incluya como información al juzgado y que se exija al gobierno andaluz la entrega de todas las modificaciones presupuestarias que afecten al IFA y a IDEA desde el año 2001 al 2004 «por entender que en su declaración, el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, dejó claro que desde el 2001 se incluían este tipo de actuaciones que vinculan a la totalidad del Consejo de Gobierno en los acuerdos que plantea en las modificaciones presupuestarias».
Además, afirmó que en este escrito el PP pone en conocimiento del juzgado una instrucción de la Intervención de la Junta, realizada en el año 2003, en la que se dictan criterios para la fiscalización de las transferencias de financiación a las empresas públicas de la Junta.
En este sentido, destacó que en este informe se dice que «se han detectado en los informes de control financiero efectuados a empresas públicas deficiencias y contradicciones entre el expediente administrativo y la realidad económica y contable de tal expediente en el seno de la empresa afectada» y apuntó que eso quiere decir que «antes del 2003 el gobierno andaluz ya sabía las irregularidades que habían sido detectadas por la Intervención y las contradicciones en la contabilidad de las transferencias de financiación».
Sanz explicó que en el otro escrito que el PP ha remitido al juzgado se recogen un total de 21 expedientes con modificaciones de partidas presupuestarias por el Consejo de Gobierno entre los años 2005 y 2011 en relación a transferencias de financiación realizadas por las Consejería de Empleo y de Innovación al IFA y a la agencia IDEA por un importe de detrimento de 81 millones de euros y de incremento de 120 millones de euros y que no han sido remitidas al juzgado por parte del gobierno andaluz.
«De hecho y aún negando la Junta que fuera así hay dos partidas presupuestarias relacionadas con la 31L, una por un montante de seis millones de euros y otra por un montante de 300 mil euros que el PSOE negó que existieran y que no han sido remitidas al juzgado», concluyó.