Hasta 16.292 personas presas de los 13 centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, “abandonadas y mal tratadas” por las administraciones.
“La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio”, denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
“El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad”, recuerda.
Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA, denunciamos que la Administración Autonómica, “que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico”.
En el año 2011, el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga, 539. Granada1, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última.
“Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, las presas. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas libres”, recuerda la APDHA.
“Es más, con mayor limitación que las personas en libertad, que pueden acudir al Colegio de Abogados a solicitar un abogado a través de la justicia gratuita. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional, permisos de salida…”.
“Desde la APDHA exigimos a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a continuar su convenio con los Colegios de Abogados, aún cuando el Ministerio del Interior no aporta nada al citado Convenio, más allá de permitir la entrada a los establecimientos penitenciarios, ya que de hecho, los letrados tienen libertad per se para acceder a los mismos”.