Este acuerdo, aprobado en el Consejo de Gobierno en funciones, se justifica en la “merma de ingresos” procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones ha aprobado esta mañana un acuerdo de «retención de crédito» para declarar «no disponibles con carácter preventivo» un total de 2.696,8 millones de euros provocado por la merma de ingresos para la comunidad autónoma en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
De esta forma, la cifra de 2.696,8 millones que se declaran «no disponibles» es el «resultado de las diferentes disminuciones y minoraciones de ingresos que, una vez que conocemos aunque no estén aprobados los PGE, entendemos que son ingresos que no van a llegar a la comunidad autónoma», ha explicado en rueda de prensa la consejera en funciones Carmen Martínez Aguayo.
Aguayo ha insistido, precisamente, en que la medida es “un acto lógico de responsabilidad y compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad del 1,5 por ciento de déficit». La retención de crédito «tiene un carácter global y podrá concretarse por políticas a medida que el Gobierno de la Nación vaya poniendo sobre la mesa las medidas que están anunciando un día tras otro, pero cuyo alcance total concreto aún no conocemos».
En relación con el objetivo de déficit del 1,5%, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha reiterado que, aunque comparte esta meta global, «no es razonable que todas las comunidades la asuman en la misma medida, porque no todas parten de la misma situación, ni han hecho el mismo esfuerzo en tiempos pasados, ni han tenido la misma contribución a la generación del problema».
En el primer trimestre de este año, el déficit público andaluz se ha situado en el 0,29% del Producto Interior Bruto, por debajo de la media nacional y del 0,75% del mismo periodo de 2011, con lo que se espera alcanzar el objetivo del 1,5% marcado por el Gobierno central.
La Junta presenta a Hacienda facturas pendientes de pago a proveedores por 2.763 millones
Asimismo, la Junta de Andalucía ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación certificada de facturas pendiente de pago a proveedores, en el marco del mecanismo extraordinario de financiación para este fin establecido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 22 de marzo.
La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Carmen Martínez Aguayo, ha informado al Consejo de Gobierno de esta decisión, con la que la Administración autonómica cumple los plazos fijados en dicho acuerdo.Las facturas alcanzan la cifra de 772.753 y suponen un importe global de 2.763,3 millones de euros, correspondientes a consejerías, agencias administrativas y de régimen especial, Servicio Andaluz de Salud (SAS) y entes instrumentales considerados Administración a efectos de contabilidad nacional. Afectan a 5.107 proveedores, de los cuales 3.937 son sociedades (personas jurídicas) y 1.170 son autónomos o empresas unipersonales (personas físicas).
La Consejería de Hacienda ha habilitado distintos medios para que los proveedores puedan acceder al mecanismo extraordinario de financiación de una manera rápida y fácil, así como un dispositivo de apoyo y consultas para todos los órganos gestores implicados.
Desde el día 15 de abril, todos los proveedores del sector público andaluz tienen un acceso en la página web www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ en el que pueden comprobar la relación de facturas de su titularidad y solicitar certificaciones individuales para las que no hayan sido incluidas en la relación remitida al Ministerio. Estas últimas se podrán enviar por correo electrónico desde la misma página de acceso. Así, cualquier error u omisión podrá ser subsanado y serán incluidas todas las facturas que se soliciten y cumplan los requisitos establecidos.
Las facturas incluidas en la relación cumplen, según consta en certificados de las entidades acreedoras, con los requisitos exigidos en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Entre estas condiciones figuran las de ser vencidas, líquidas, exigibles y constar registro de entrada en la Administración autonómica con fecha anterior al 1 de enero de 2012.