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La APDHA presenta a IU sus propuestas políticas para el nuevo gobierno andaluz

Considera prioritarias la Ley de inclusión y renta básica y garantizar el derecho al uso de una vivienda digna.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA ha mantenido una reunión en el Parlamento de Andalucía con el coordinador de la comisión de diálogo con entidades sociales de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, en la que ha presentado un informe con un listado de propuestas políticas para luchar contra las desigualdades y lograr la consecución de derechos para la población andaluza más desfavorecida. 

Esta reunión se enmarca dentro de la comisión creada por IU para conocer las demandas de los colectivos sociales andaluces, con vistas a la formación del nuevo gobierno tras las elecciones autonómicas.

El informe de la APDHA pretende incidir en el rumbo de las políticas públicas de competencia autonómica para mejorar y reivindicar los derechos de los colectivos más excluidos de la sociedad, siendo este objetivo uno de los pilares fundamentales de la entidad.

En cuanto a las personas presas y derechos civiles, las propuestas se centran en el derecho de los presos a la atención médica especializada, para lo que se pide la ejecución de la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios, el cumplimento por parte del SAS de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la  autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica con las personas presas, y la normativa andaluza sobre la garantía de respuesta de asistencia en tiempo máximo.

Se propone como una de las prioridades la creación de centros adecuados para acoger a los enfermos mentales que están en prisión y el establecimiento de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y los malos tratos en Andalucía. También se reivindica transporte público a las prisiones para que las personas con pocos recursos puedan visitar a sus familiares.

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Con respecto a la inmigración, las peticiones se centran en frenar los recortes en integración y el desvío del uso de fondos finalistas, y en la adscripción de las competencias de Inmigración a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en vez de a Empleo.

Asimismo, se pide gestionar mejor la relación entre crisis – campo andaluz – inmigración y un plan de integración específico para la comunidad rumano-gitana residente en Andalucía. También se reclama el “salario social” para los residentes extranjeros no comunitarios y priorizar la condición de menor sobre la de inmigrante de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Por otra parte, se solicita anular la petición de permiso de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, lo que restringe el derecho a vivir en familia.

Otra línea de propuestas se basan en el fomento del Consumo Responsable en la Comunidad andaluza: adopción de criterios de compra pública ética por parte de la administración, promoción del comercio justo y de la agricultura ecológica, un plan de desarrollo rural medioambientalmente sostenible, el rechazo al proyecto de Ley de Aguas en Andalucía, un plan de reducción de residuos y fomento del reciclaje, un plan de movilidad sostenible y el impulso de las entidades de economía social.

En relación con la Exclusión Social, se proponen medidas para la erradicación del chabolismo, como crear espacios dignos para alojar a familias afectadas hasta alcanzar una solución definitiva, facilitar el acceso a la vivienda y aprobar una ley de inclusión social —otra de las prioridades urgentes que se plantean— y la renta básica para toda la población residente en Andalucía. Se reivindica el derecho al uso de una vivienda digna para toda la ciudadanía, la promoción de la vivienda pública, la rehabilitación de barriadas deterioradas, una mejor gestión del hábitat y el cese de desalojos por motivos económicos.

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También se pide una alternativa a la ley actual que afecta a los vendedores ambulantes de chatarra, la cual acentúa aún más la exclusión de estas personas.   
Otras proposiciones serían la creación de una comisión de Derechos Humanos en el Parlamento andaluz, con participación de la sociedad civil y de ONG, y el mantenimiento de la cooperación andaluza sin recortes.

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