El Gobierno central recurrirá el decreto-ley de liberalización económica y agilización de trabas administrativas que cambia de golpe 100 trámites y más de 26 normas y que fue convalidado por el Parlamento andaluz en pleno estado de alarma y con una Cámara limitada al mínimo en sus funciones. Para la oposición y los sindicatos, el decreto elimina controles administrativos, mientras que para el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos limpia de trabas burocráticas la marcha de la economía.
Moncloa ha pedido un informe al Consejo de Estado, paso previo para acudir al Constitucional. El Gobierno andaluz asegura que no ha recibido «ninguna notificación». Según fuentes del Gobierno central, dudan de aspectos aprobados en Andalucía como la legalización de emisoras de radio ‘piratas’ y aprecia invasión de competencias estatales en dos materias: patrimonio histórico y sector audiovisual.
El decreto-ley fue convalidado por el Parlamento andaluz el pasado 2 de abril, en una sesión marcada por la polémica tanto por la forma como por el contenido de la norma. Este Decreto Ley aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios… Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración «para ganar en competitividad» y atraer más inversiones. «Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado», ha subrayado el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
PP y Ciudadanos y Vox votaron a favor, mientras que PSOE y Adelante Andalucía votaron en contra y anunciaron que presentarían un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, junto a 21 organizaciones, sindicatos, colectivos, colegios profesionales y entidades sociales.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, aseguró que una norma que modifica 21 leyes y 6 decretos no podía convalidarse en la Diputación Permanente, porque “no cumple los mínimos parámetros legales”. Jiménez Barrios advirtió que llevaría a Andalucía a “una grave inseguridad jurídica” y denunciaba que se tratara de “un atentado a la calidad democrática y una falta de respeto sin precedentes a este Parlamento».