La juez del caso de los ERE, Merecedes Alaya, dice que las otorgó “en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia y omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal aplicable”.
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Más de 880 ayudas irregulares. Es lo que, en su auto dictado esta misma madrugada, la juez que instruye el caso de los ERE en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, imputa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero. El ex alto cargo del Gobierno autonómico ingresó en prisión pasada la medianoche del viernes al sábado tras decretarlo la propia Alaya de forma incondicional y sin fianza.
Y es que, según argumenta en su auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Guerrero habría concedido “en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia y omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable”, hasta 617 ayudas sociolaborales y otras 270 ayudas directas a empresas.
De esta forma, y según continúa, “el inculpado, en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía».
Así, Alaya acusa al ex director general de Trabajo en el Gobierno de Manuel Chaves de incumplir el procedimiento previsto para estas ayudas “pues en la gran mayoría no ha existido la menor solicitud por la empresa”. “Es más”, añade en su auto, “en muchas de estas ayudas el imputado ordenó el pago de la ayuda destinada a la suscripción de pólizas de rentas sin suscribir el convenio con IFA o IDEA para que ésta materializara dicho abono», como sucediera en Río Grande, Surcolor y Aglomerados Morell.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla va más allá y sitúa el entorno de los beneficiados en la Sierra Norte de Sevilla. “Estos empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a los que durante su etapa como director general se les concedió la suma de 50.866.325,47 euros, enorme agravio comparativo, pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas fueron de 24.618.728,47 euros, incluyendo en esta cifra las concedidas a los ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca». Aquí, Alaya se refiere a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
De esta forma, dice Alaya que en las empresas del también imputado por el caso de los ERE «se concentran un número considerable de ayudas directas», en concreto 9.009.108 euros.
De manera evidente, la juez habla también del «elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el inculpado», como su suegra o su chófer, Juan Francisco Trujillo. «Guerrero, abusando del ejercicio de su cargo como director general, y consciente del poder que tenía para conceder ayudas públicas indiscriminadamente, indujo al chófer para que constituyera exprofeso dos sociedades con el fin ilegítimo de desviarle fondos públicos para su lucro personal».