Todas las comunidades autónomas excepto Andalucía han aceptado fijar su compromiso de déficit público en el 1,5%, reducción en 1,4 puntos la cifra inicial registrada al cierre de 2011.
De esta forma, la propuesta del área económica del Gobierno habría obtenido la aprobación de todas las comunidades autónomas –la práctica totalidad de ellas gobernadas por el Partido Popular-, excepto Andalucía, que ha votado en contra. Asimismo, Cataluña y Canarias se han abstenido.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha establecido hoy el objetivo de estabilidad para cada una de las comunidades autónomas que se sitúa en un déficit del 1,5% del PIB para 2012. Este nuevo objetivo contempla el impacto de la caída de la actividad económica en las cuentas públicas, aunque a su vez, mantiene el esfuerzo de reducción del déficit estructural. Además, se acordó por unanimidad la puesta en marcha de una gran operación financiera para el pago de los proveedores de las comunidades.
Las autonomías deberán ajustar sus políticas de ingresos y gastos para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, que responde al acordado por el Consejo de Ministros del pasado día 2. Por otro lado, el importe máximo por el que podrá incrementarse el endeudamiento para financiar los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2012, en ningún caso, podrá superar el 1,5% del PIB regional de cada una de las comunidades autónomas.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que teniendo en cuenta la desviación del objetivo de déficit de 2011 en 2,5 puntos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto (el 8,5% frente al 6% del PIB previsto inicialmente), el Gobierno considera necesaria esta revisión del objetivo de estabilidad que además se realiza en unas circunstancias presupuestarias excepcionales, como es el caso de la prórroga del presupuesto del Estado y por ello se van a aprobar unas nuevas cuentas para el presente ejercicio.
Así, señala que “estamos todos en el mismo objetivo”, que es la reducción del déficit y que no falte financiación de los servicios básicos para los españoles donde quieran que residan. Para Montoro, “todas las comunidades han entendido la reducción del déficit y sólo Andalucía se ha opuesto a esta medida, en lo que puede considerarse un voto contra la austeridad del gasto público”. El ministro señaló que España “está reduciendo su déficit estructural” y que el objetivo del Gobierno “sigue en la senda del cumplimiento del Pacto de Estabilidad”.
Pago a proveedores
El Gobierno, al igual que ha hecho con los ayuntamientos, ha puesto encima de la mesa un gran mecanismo financiero para que las comunidades puedan hacer frente el pago de las facturas que tienen sin abonar con los proveedores. Se trata de una gran operación financiera que será el motor de arranque de muchas empresas y al tiempo será el estímulo que necesitará la economía para iniciar la recuperación.
Al mismo tiempo, es una operación de saneamiento de las cuentas públicas, que es uno de los ejes principales de la política económica del Gobierno, que como señala el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “es una muestra del empeño prioritario de este Gobierno por parar cuanto antes la destrucción de empleo y crear puestos de trabajo”. El Gobierno ha aprobado activar el aval del Estado a esta operación de financiación de proveedores que contará con un importe total entre comunidades y ayuntamientos de 35.000 millones de euros.
El acuerdo firmado hoy contempla que las obligaciones de pago deben ser vencidas, líquidas y exigibles y advierte que si las obligaciones pendientes de pago estuvieran pendientes de aplicar a presupuesto, se aplicarán al presupuesto para 2012. Al igual que en caso de los ayuntamientos, la recepción en el registro administrativo de la comunidad de la factura tiene que haber sido antes del 1 de enero de 2012, al tiempo que tiene que estar incluida en la Ley de Contratos del Sector Público.
En el caso de las comunidades se incluirán los conciertos no recogidos en la Ley de Contratos suscritos por las entidades comprendidas en el área sanitaria, educativa y de servicios sociales, en virtud de los cuales y a instancia de estas, una persona física o jurídica preste o anticipe servicios o bienes a terceros. Las comunidades que quieran acogerse a este mecanismo extraordinario de liquidez tendrán que remitir antes del 1 de abril al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el acuerdo de adhesión al mecanismo, adoptado por el órgano competente de la comunidad.
Revisión trimestral
Con posterioridad, y antes del 15 de abril, las comunidades remitirán una relación certificada en la que figuren las obligaciones pendientes. Si la comunidad tuviese cancelaciones fraccionadas de las deudas, se incluirá esta información en la certificación, informando de los vencimientos que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2012.
El acceso a este mecanismo extraordinario de financiación estará sujeto a condicionalidad fiscal, por lo que la comunidad tiene que contar con un informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las comunidades remitirán un plan de ajuste antes del 30 de abril cuya duración comprenderá el periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento, cuyo cumplimiento se evaluará trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El mecanismo de financiación podrá desarrollarse en fases temporales que no excederán el próximo 31 de diciembre y en cada una de ellas, se podrá establecer un descuento mínimo a ofertar por el contratista. También podrá fijarse un importe global y máximo de financiación para cada fase, de forma que puedan establecerse tramos específicos para pymes y autónomos.
Las comunidades que opten por acogerse a este mecanismo remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una solicitud de endeudamiento por el importe total del crédito transmitido por sus proveedores a los bancos, lo que será autorizado con posterioridad. Los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común responderán de las obligaciones contraídas con las entidades de crédito.