La portavoz popular Rosario Soto le recuerda a Griñán que la ética “no es sólo cumplir la ley, sino tener una actitud personal”, dando toda credibilidad a las grabaciones.
El PP va a presentar una denuncia contra Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta, ante el Tribunal de Cuentas al considerar que existen indicios de responsabilidad contable y de un posible «alcance» de caudales públicos tras las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa y la grabación en la que su ex presidenta presuntamente pide a un empleado que falsee informes.
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha lamentado la reacción que tuvo ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, después de que saltara el «escándalo» de la grabación, y ha recordado que la ética «no es sólo cumplir la ley sino tener una actitud personal». Rosario Soto da «toda la credibilidad» a las grabaciones de la expresidenta de Invercaria. «Nadie ha negado que sea su voz y que diga lo que está diciendo».
«Griñán no es consciente de que le han pillado», ha subrayado la portavoz del PP andaluz, quien se ha mostrado convencida de que desde el Gobierno andaluz «se tiene tan normalizada la elaboración de expedientes falsos» que no son conscientes de que esta actitud «acarrea cometer varios delitos».
El coordinador del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona, explicó que el PP basa su denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado en el informe de la Cámara de Cuentas realizado sobre la gestión de Invercaria en 2009, en el que recogía que Invercaria utilizaba la figura de los «mochileros» -personas que están cobrando de esta sociedad pero que no prestan su servicio en ella-. El informe, además, pone de manifiesto que se incumple la normativa a la hora de la contratación del personal, ya que no se ha contratado mediante convocatoria pública.
De la misma forma, la denuncia del PP pone de manifiesto también lo que recoge el órgano fiscalizador andaluz de un «uso indiscriminado» de las tarjetas de crédito, sobre cuyos gastos no se presentaron ningún tipo de justificante, así como que Invercaria «no se ajusta» a la orden de incentivos que regula la concesión de los préstamos participativos a las empresas.
La ausencia de un procedimiento sobre la publicidad para obtener los préstamos y la participación de capital, tal y como se recogía en el informe de la Cámara de Cuentas, es otro argumento que se recogerá en la denuncia de los populares, según ha explicado Rafael Carmona, quien ha destacado que el sistema utilizado era «discrecional».
Pacto para modernizar la Justicia
Mientras tanto, el presidente del Partido Popular andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, se ha comprometido hoy a modernizar, agilizar, hacer más eficiente y especializada la administración judicial, mediante un pacto cuyo objetivo común sea adaptarla a las necesidades sociales, económicas y demográficas de la Comunidad.
Tras participar en el Foro de Justicia organizado por el PP andaluz en la localidad granadina de Loja y en el que participaron diversos colectivos de este ámbito, el candidato popular afirmó que “hay caminos que, por su complejidad, requieren esfuerzos de todos y diálogo, además de un diagnóstico realista de la situación y así dar solución a las carencias de la Administración”.
«En 1997, Andalucía recibió las competencias de Justicia en medios materiales y personales, pero el balance no ha sido positivo para los ciudadanos», lamentó Javier Arenas, quien añadió que «no podíamos imaginar que iba a suponer un paso atrás en la calidad de este servicio fundamental». En este sentido, defendió el estado de las autonomías, si bien criticó que en Andalucía «no ha fallado la autonomía, han fallado las políticas que deberían haber redoblado la calidad del servicio», puntualizó.
De esta forma, se mostró partidario de abrir un debate sobre los actuales modelos judiciales y de nombrar una comisión de expertos de prestigio para hacer un balance autocrítico sobre su estado y el de las autonomías.
Para el presidente del PP andaluz, la administración de Justicia es una prioridad estructural y coyuntural porque, a su juicio, es «el pilar del sistema democrático, en el que recae nada más y nada menos que la protección de los derechos y libertades».