El documento presentado por el PP confirmaría la existencia de un procedimiento irregular hasta 2009.
El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha dado a conocer hoy un informe de la Dirección General de Trabajo, fechado en julio de 2010, en el que la Junta reconoce que no existían expedientes que justificaran pagos directos a través de IDEA, por valor de 6,1 millones de euros, al mismo tiempo que indicó que es la propia Consejería de Empleo la que reconoce la existencia de lo que el PP denominó la pasada semana como ‘tercer fondo de reptiles’.
En el informe se recoge que «la figura de colaboración entre IFA-IDEA y la Dirección General de Trabajo no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda, sólo recogía, la toma de decisión a partir de negociaciones y/o mantenidas».
Sanz aseveró que este informe viene a dar la razón a las denuncias que el PP venía haciendo sobre la existencia de un procedimiento irregular desde 2001 hasta el 2009. «Ya no lo dice la juez, ni el PP, ahora lo dice la propia Junta de Andalucía», apuntó.
También en este informe se constata que no todos los compromisos y acuerdos de la Dirección General de Trabajo, bien con empresas o afectados con extinción laboral, habían sido instrumentalizados vía convenio de colaboración, «dándose la circunstancia que no se podían realizar los pagos reclamados (ni convenio ni presupuesto)», registrándose un déficit de 11,2 millones, a fecha de julio de 2010.
Sanz destacó que lo comprometido por Empleo era mucho mayor de lo que se podía asumir y explicó que ello derivó en la creación de un ‘tercer fondo de reptiles’ en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de IDEA, para afrontar los compromisos a los que Empleo no podía hacer frente.
Sanz instó al consejero de Empleo, Manuel Recio, a que diga si estuvo en la Consejería el pasado día 21 de noviembre de 2010 cuando supuestamente se borraron archivos relacionados con los ERE falsos. Sanz hacía alusión así a la información aparecida el pasado fin de semana en un medio de comunicación y en la que se publicaba que la Consejería de Empleo había borrado archivos relacionados con los ERE días después de estallar el escándalo.
El popular le preguntó a Recio si puede afirmar o negar que acudiera ese día a la Consejería acompañado por el viceconsejero, Justo Mañas, porque, según indicó, «es importante que conteste, ya que si estuvo allí no puede seguir de consejero ni un minuto».
Del mismo modo, le pidió una explicación a Recio sobre si fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que le dio la instrucción de que estuviera allí, matizando Sanz que tiene la «convicción» de que así fue.
‘Estatuto de los Mayores’
Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se ha comprometido hoy a poner en marcha, desde el gobierno andaluz, un ‘Estatuto de los Mayores’ que garantice la protección de los derechos del colectivo. «Si hay alguien en la sociedad a quien no se puede fallar en el compromiso es a las personas mayores», dijo.
Tras visitar una residencia de mayores en Almería y durante la celebración de un acto con representantes del sector, Arenas reiteró su «respeto y gratitud» hacia los mayores, especialmente en esta época de crisis en la que muchos «están siendo el sostén de sus hijos en el paro», dijo.
Arenas incidió en la necesidad de llegar a acuerdos pese a las «ganas de discordia» de «algunos partidos». En este sentido, recordó el acuerdo que precedió a la firma del Pacto de Toledo, que garantizaba la subida anual de las pensiones gobernara quien gobernara y que, a su juicio, ha sido «ultrajado en los últimos años».
«Las pensiones son un derecho, no una gracia de un partido político, sino un derecho conquistado durante toda la vida», dijo el dirigente popular, quien afirmó haber «pasado vergüenza» cuando «se han utilizado las pensiones para intentar condicionar la libertad de las personas». «Nunca merecerá la pena la indignidad de decirle a alguien que perderá su pensión si vota a un partido político», subrayó.
Para Arenas, la subida de las pensiones, primera decisión tomada por el gobierno de Mariano Rajoy, es «un acto de justicia», que en el caso de Andalucía, recordó, beneficia a un millón de personas mayores, a 220.000 viudas y a 25.000 huérfanos andaluces.