11,6 millones de españoles se encuentran en situación crítica o por debajo del umbral de la pobreza. Andalucía está a la cabeza con 2,9 millones, lo que supone más del 25% del conjunto estatal.
Los últimos datos de la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés) alertan de la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la población española. Sin posibilidades de consumo no hay recuperación económica.
Como consencuencia de la crisis provocada por la economía financiera, de la especulación en torno a la construcción y venta de viviendas -la llamada burbuja inmobiliaria- y la decisión de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP) de que sean las clases medias las que soporten el peso de la recuperación de las arcas públicas, son 11,6 millones de españoles los que se encuentran al término de 2011 por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social.
Andalucía ocupa el quinto lugar, hasta rozar los 3 millones de andaluces por debajo del umbral de la pobreza según el informe. Durante el año 2010 la cifra se incrementó en 254.000 ciudadanos.
El estudio de la EAPN analiza variables como los hogares con renta inferior al 60% de la media de ingresos nacional, o del día a día de la ciudadanía y sus carencias aún cuando perciban los mismos ingresos que percibía con anterioridad a 2008. La privación o carencia material supone las limitaciones al hacer frente a gastos como la alimentación y del hogar (carne, pescado, calefacción), las comunicaciones (televisor, telefonía, internet) o transportes (la tenencia y mantenimiento de medios de transportes privados).
Escapa de los análisis la economía sumergida que florece en la desconfianza generada por la banca. Entre las clases medias, pero en mayor medida entre las empresas que sacrifican las condiciones laborales de sus empleados abonando al seguro social menos horas de las que en efecto se exigen, congelando los salarios o rebajándolos.
El desempleo es una de las situaciones que agravan la situación de miles de familias españolas. Desde 2008 las cifras de paro en España se han multiplicado. Entre los menores de 25 años el porcentaje se acerca al 50%. En provincias como Cádiz, al Sur del país, 4 de cada 10 personas en edad de trabajar se encuentran en paro. En suma, son 5 millones de españoles desempleados.
Al parón del sector privado por la falta de crédito de la economía financiera se unen las reformas emprendidas por el Gobierno de España para la desarticulación del estado de bienestar. Las recetas no han sido distantes en gobiernos socialistas como el de José Luis Rodríguez Zapatero y el giro económico que emprendió desde 2009, y en el ejecutivo conservador del Partido Popular con el presidente Mariano Rajoy. Siempre a instancias del Fondo Monetario Internacional y del eje franco-alemán en el seno de la Unión Europea con las exigencias de austeridad y recortes de la administración pública.
En este marco, el desmantelamiento de servicios a la ciudadanía, la privatización de empresas públicas o los convenios para la promoción de la entrada de capital privado a áreas como la educación (propuesta anunciada por el ministro de Educación para reformar el sistema universitario estatal) o sanidad (convenios para externalizar servicios) entre otras supone convertir en mercancía estas prestaciones. Aumenta el desequilibrio entre las personas con poder adquisitivo, las que se encuentran en riesgo de exclusión social, y las que el sistema ha expulsado, por ejemplo, debido al impago de las hipotecas: se embarga y desahucia al ciudadano de su vivienda pero no hay ‘dación en pago’. Es decir, la familia embargada mantiene la deuda contraída con su entidad bancaria.
Subyace en la evolución de esta ‘crisis’ en España el paso del modelo de estado de bienestar con la prestación de servicios a la ciudadanía a la conversión a un modelo neoliberal donde se ofrecen productos y servicios a potenciales clientes en base a su capacidad de gasto. Las antiguas clases medias y clases medias bajas son hoy nuevos pobres en España. La tendencia es igual en la zona euro donde de los 85 millones de 2007 se pasa a 115 millones de europeos por debajo del umbral de la pobreza relativa.
Sin embargo, sin posibilidades de estimular el consumo en una población empobrecida no hay posibilidades de crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional anunció la semana pasada que España entrará en recesión durante el primer trimestre de 2012 y desde Europa se duda de la capacidad del Gobierno de Rajoy para hacer frente a la reducción de la deuda pública.