La principal imputación de Daniel Alberto Rivera es la de ordenar pagos relativos a una póliza en la que se incluían dos personas que no eran trabajadores de la empresa afectada.
Nuevo capítulo en el caso de los fraudes en los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, imputa a otras 18 personas por presuntas irregularidades en los ERE tramitados por el Gobierno autonómico.
Entre estas personas se encuentra el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como su antecesor, Juan Márquez. Ambos han tenido responsabilidad en Empleo en la última legislatura de Griñán y han sucedido, a su vez, a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso.
No obstante, entre los nuevos imputados por Alaya también están el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.
En un auto de más de 40 folios, la juez exige, además, a la Junta de Andalucía un “cuadro resumen” con las ayudas abonadas desde 2001 y hasta 2011 por la Agencia IDEA mediante transferencias a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente. Pide también que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y sus autorizaciones referentes a las “ayudas de Estado” concedidas a distintas empresas.
Una imputación “infundada” según la Junta
Mientras tanto, y a través de un comunicado, la Junta de Andalucía ha considerado “infundada” la imputación del director general de Trabajo, al tiempo que ha defendido su gestión.
“Las nuevas peticiones de información y documentación que se hacen serán analizadas por los servicios jurídicos y se tramitarán como viene haciéndose hasta ahora”, asegura. “La Junta de Andalucía manifiesta su sorpresa por la imputación del director general de Trabajo cuando los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento”.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Andalucía lamenta que “resulte imputado un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso, siempre en defensa del interés público”.
Con todo, sigue el comunicado, “A día de hoy se considera poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación. Al margen de algunas cuestiones administrativas que se aclararán en su momento, la principal imputación es la de ordenar pagos relativos a una póliza en la que se incluían dos personas que no eran trabajadores de la empresa afectada”.
“Respecto a este extremo”, aclara la Junta, “queremos ser contundentes al afirmar que entendemos que Daniel Alberto Rivera Gómez no tiene la menor responsabilidad en la inclusión en dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello. La póliza de referencia fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado este director general, que firma la resolución para el pago cuando no había ningún indicio de irregularidad. De hecho, cabe recordar que fue Daniel Alberto Rivera Gómez el responsable político que adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla en cuanto surgieron las primeras informaciones de irregularidades, meses después del acto administrativo por el que se le imputa. Además, Daniel Alberto Rivera es uno de los responsables de la investigación realizada por la Junta por la que se detectaron los denominados intrusos en los diferentes expedientes, seis meses después de la fecha de la resolución por la que se le imputa hora”.
Según ha comunicado el Gobierno andaluz, la resolución judicial será objeto de un análisis más detenido por parte de su Gabinete Jurídico.