Tras hacerse pública la sentencia del caso de los ERE comienzan a conocerse los primeros detalles además de las condenas de los acusados. El tribunal que ha enjuiciado el caso coincide con los cálculos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y cifra en 679 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía repartió durante una década en ayudas a empresas en crisis y para el pago de prejubilaciones sin control y al margen del procedimiento establecido.

Según recoge la sentencia, que se extiende a lo largo de 1.821 folios, en concreto de estos compromisos, de los que se beneficiaron casi 200 empresas, destaca tres tipos básicos: las denominadas ayudas sociolaborales, las ayudas a empresas en crisis y las destinadas a «fines completamente ajenos».

Igualmente, el juez destaca en la propia sentencia que las cantidades que se pusieron a disposición del ex director general Francisco Javier Guerrero, que ha sido condenado a siete años, 11 meses y un día de cárcel y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial, para que este pudiera disponer de las mismas «sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales». Así, especifica que en el ejercicio presupuestario 2002 se pusieron a su disposición 93.000.614 euros y en 2005 la cantidad alcanzó los 73.061.471.

La Junta de Andalucía, que no acusó a los ex altos cargos pero se reservó el ejercicio de la acción civil, sólo ha recuperado hasta el momento una cifra cercana a los 6,7 millones de euros.

Chaves, nueve años de inhabilitación; Griñán, seis de cárcel