El Consejo de Gobierno ha celebrado esta mañana en San Telmo su última reunión de 2011, en la que ha aprobado, además, el II Plan Andaluz de Formación Profesional, entre otros asuntos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, en su última reunión del 2011, ayudas sociales de carácter extraordinario para los beneficiarios de las pensiones asistenciales y no contributivas. Estas prestaciones, que aumentan un 2% en ambos casos, superarán el próximo año los 24,5 millones de euros y beneficiarán a más de 117.000 personas (el 73% mujeres).
Las primeras de estas aportaciones se dirigen a los 11.850 perceptores en Andalucía de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos, con un importe total de 12,7 millones de euros. Su cuantía individual, que se fraccionará en cuatro pagos a lo largo de 2012, asciende a 1.075,65 euros (un 51% del importe anual total de esta prestación).
De la cifra de personas beneficiarias, unas 8.600 son mujeres. Por provincias, destacan Málaga, Sevilla y Cádiz, con 2.625, 2.515 y 2.324 pensionistas, respectivamente. Les siguen Almería (1.459), Córdoba (943), Granada (733), Jaén (723) y Huelva (528).
Respecto a las pensiones no contributivas, que percibirán 106.000 personas en la comunidad autónoma, la Junta les abonará en un pago único, una ayuda complementaria individual de 111,40 euros, lo que supondrá un gasto total de 11,8 millones de euros.
En este caso, el colectivo de personas beneficiarias también está integrado mayoritariamente por mujeres (72.472). El reparto provincial lo encabeza Sevilla, con 24.112 pensionistas, seguida de Málaga (22.536), Cádiz (19.799), Córdoba (9.671), Granada (9.209), Jaén (7.029), Huelva (6.838) y Almería (6.806).
II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015 con una inversión de 3.864 millones de euros. El documento, rubricado por las consejerías de Educación y Empleo con el consenso de los agentes sociales y económicos, persigue elevar la empleabilidad de la población activa andaluza, mejorar la competitividad del tejido empresarial, promover el espíritu emprendedor y potenciar la implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en la comunidad andaluza.
El plan fija siete objetivos y 86 medidas dirigidas a los 3,9 millones de personas que conforman la población activa andaluza (desempleados y trabajadores en activo a los que se destina la formación para el empleo) y a los 1,8 millones de jóvenes de entre 16 y 24 años que pueden acceder a la formación profesional inicial o reglada.
Entre las líneas más importantes de esta iniciativa, respaldada por el Consejo Andaluz de Formación Profesional y en consonancia con el VII Acuerdo de Concertación Social, se fija la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y la implantación de los certificados de profesionalidad.
El primer objetivo, con 2.870 millones de euros, se centra en potenciar la calidad formativa, la igualdad de oportunidades, la flexibilidad y la mejora de la empleabilidad de la población. Para ello, se proporcionará una oferta adaptada a los sectores productivos más demandados, según los estudios realizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de su Sistema Argos de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo.
Estas necesidades marcarán la planificación de la Formación Profesional Inicial y para el Empleo, la distribución del programa de Escuelas Taller, la convocatoria de cursos para desempleados y el diseño de módulos profesionales que permitan la convalidación de títulos entre los sistemas formativos vigentes.
Asimismo, se prevé el impulso a la igualdad de oportunidades con la consolidación de los actuales sistemas de incentivos, como el programa Beca 6000, y ayudas orientadas específicamente a colectivos en riesgo de exclusión social. También recoge el compromiso de potenciar la red pública de formación, diversificando la oferta de ciclos de FP de Grado Medio y Superior, de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y de las acciones de la Formación Profesional para el Empleo.
La casa y el lugar del fusilamiento de Blas Infante, primeros Lugares de Memoria Histórica
Por lo demás, también se ha aprobado la declaración como Lugares de Memoria Histórica la Casa de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla) y el lugar de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la antigua Carretera de Carmona, en el término municipal hispalense. Ambos enclaves son los primeros en ser reconocidos bajo esta figura, instaurada por un decreto del pasado mes de agosto para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
En el caso de dos principales sitios vinculados a la vida y la muerte de Blas Infante, la declaración como Lugares de Memoria Histórica supone reforzar con un reconocimiento simbólico el régimen de protección cultural que ya tienen tanto la Casa «Villa Alegría» (Monumento desde 2006) como el lugar del fusilamiento (Sitio Histórico desde 2001).
En 2001, las tres hijas de Blas Infante, María Luisa, María Alegría y María de los Ángeles suscribieron un acuerdo con la Junta mediante el cual donaban a la Comunidad Autónoma los derechos sobre los símbolos de Andalucía. Este acuerdo incluía la compra de Villa Alegría por la Administración autonómica y su conversión en casa-museo para difundir el legado histórico, literario, filosófico y humanístico de Blas Infante.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la modificación del decreto regulador de las ayudas a empresas para favorecer la contratación indefinida, vigente desde 2005, con el fin de adaptar a la actual coyuntura económica la duración mínima exigida para los empleos estables incentivados por la norma.
Este periodo se fija en 24 meses, frente a los cuatro años establecidos originariamente tanto para las empresas ordinarias como para las denominadas Centros Especiales de Empleo (con al menos un 70% de personas con discapacidad igual o superior al 33% en sus plantillas). Para estas últimas, el tiempo mínimo requerido será de 1.095 días.
El resto de las medidas previstas en el decreto se mantienen como hasta ahora, con un desarrollo que ha permitido la contratación indefinida de 33.732 trabajadores a través de más de 105 millones de euros en ayudas públicas.
Los incentivos autonómicos a para la contratación de carácter indefinido da prioridad a las pymes, las mujeres, los menores de 30 años y los colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo (parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad, ex reclusos, drogodependientes rehabilitados, usuarios del Programa de Solidaridad, inmigrantes y minorías étnicas).
Con carácter general y para todo el territorio andaluz, se establecen ayudas de entre los 3.000 y los 4.750 euros por cada contrato indefinido. No obstante, el decreto prevé mecanismos para discriminar positivamente a las microempresas y a aquellos sectores de actividad en los que las mujeres se encuentren poco representadas.
Finalmente, se ha aprobado el decreto regulador del Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA). Andalucía se convierte así en la primera comunidad que da cobertura normativa a esta competencia, inicialmente desarrollada por la Administración central en las áreas de Justicia e Interior.
Entre otras disposiciones, la regulación aprobada incluye la creación del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, órgano consultivo que, entre otras funciones, se encargará de asesorar a los organismos e instituciones públicas o privadas vinculadas a este ámbito.